La jueza Julieta Makintach fue destituida de su cargo en el Tribunal Oral en lo Criminal N°2 de San Isidro tras un fallo unánime del jury de enjuiciamiento, que la apartó definitivamente de la función pública y le retiró los fueros judiciales. El proceso, realizado en el Senado bonaerense, contó con la presencia de familiares de Diego Maradona y abogados vinculados a la causa que investiga la muerte del astro argentino.

La decisión se tomó luego de que se comprobara la participación de Makintach en la filmación del documental "Justicia Divina" durante el trámite del expediente por la muerte de Maradona. Según el fallo, la jueza habilitó a terceros para registrar fílmicamente el debate oral, violando la prohibición impuesta por el propio tribunal y utilizando recursos públicos para fines personales. Además, se le atribuyen cinco delitos: cohecho pasivo, violación de deberes de funcionario público, abuso de autoridad, malversación de caudales públicos y peculado de servicios.

La destitución fue respaldada por los testimonios de fiscales, abogados y personal judicial, quienes coincidieron en señalar la parcialidad manifiesta de Makintach y el perjuicio causado a la imagen del Poder Judicial. El proceso penal contra la exmagistrada está a cargo de la UFI N°1 de San Isidro, aunque se encuentra momentáneamente suspendido por recusaciones presentadas por la defensa de Makintach.

Fernando Burlando, abogado de la familia Maradona, anunció que solicitará la detención de Makintach y denunció la revictimización sufrida por las hijas del futbolista durante el proceso. Por su parte, Makintach lamentó la decisión del jury y confirmó que apelará el fallo ante la Corte Suprema, defendiendo que la idea del documental fue ajena a ella y que su accionar fue autorizado institucionalmente.

El caso ha generado un fuerte debate sobre la ética judicial y el uso de recursos públicos, mientras la investigación penal avanza para determinar la responsabilidad de Makintach y otros involucrados. El Colegio de Abogados de San Isidro calificó los delitos imputados como graves y subrayó la importancia de mantener la austeridad y transparencia en la judicatura. El desenlace de la causa penal podría sentar un precedente relevante para el sistema judicial argentino.