El Gobierno nacional oficializó el inicio del proceso de privatización de cuatro represas hidroeléctricas ubicadas en las provincias de Neuquén y Río Negro, en una medida que busca transformar la administración de recursos energéticos en el país. Las centrales involucradas son Alicurá, El Chocón, Cerros Colorados y Piedra del Águila, todas ubicadas sobre los ríos Limay y Neuquén, y actualmente gestionadas por empresas privadas bajo concesiones que vencieron en agosto de 2023.

Según el decreto publicado en el Boletín Oficial, el proceso de privatización comenzará el 1 de enero y se llevará a cabo mediante un concurso público nacional e internacional, con un plazo de sesenta días para el llamado a licitación. Mientras tanto, las concesiones actuales se extenderán hasta el 31 de diciembre de 2025 o hasta que se concrete la venta de las acciones de las sociedades operadoras. El Gobierno estima que la licitación podría generar ingresos de entre 400 y 500 millones de dólares, destinados a fortalecer las reservas del Banco Central y apoyar el plan de estabilización económica.

La negociación por las nuevas concesiones generó tensiones entre el Ejecutivo nacional y los gobernadores de Neuquén y Río Negro, quienes reclamaron mayor participación y control sobre las represas, así como un incremento en las regalías y la posibilidad de cobrar parte de ellas en especie. Finalmente, se acordó que ambas provincias recibirán un canon por el uso del agua y hasta el 30% de las regalías hidroeléctricas en energía, además de designar representantes como veedores en el proceso licitatorio.

El proceso de privatización incluye requisitos financieros para los nuevos operadores, como la necesidad de contar con activos superiores a 300 millones de dólares y un patrimonio mínimo de 150 millones. Además, se prevé la implementación de mecanismos de compensación ambiental y la continuidad del servicio eléctrico durante la transición entre operadoras.

Las represas del Comahue representan entre el 10% y el 15% de la matriz energética nacional, con una potencia instalada de 4.170 megawatts. El proceso de privatización se enmarca en la política de reforma y modernización del sector público impulsada por el gobierno de Javier Milei, y podría sentar precedentes para otras concesiones hidroeléctricas próximas a vencer en el país.