El Consejo de Mayo celebró su última reunión en la Casa Rosada, en un encuentro que reunió a representantes del Gobierno, el Congreso, los gobernadores, la Unión Industrial Argentina (UIA) y la Confederación General del Trabajo (CGT). El objetivo fue definir el informe final que contendrá el paquete de reformas laboral, tributaria y penal que el presidente Javier Milei planea enviar al Congreso para su aprobación durante la primera mitad de 2026.

Durante poco más de una hora, los seis consejeros estables debatieron los puntos centrales del proyecto. Manuel Adorni, jefe de Gabinete, presidió la reunión en reemplazo de Guillermo Francos. Entre los temas discutidos, la reforma laboral fue el eje de mayores discrepancias. Gerardo Martínez, representante de la CGT, expresó su rechazo a cualquier iniciativa que implique pérdida de derechos para los trabajadores. "No vamos a aceptar una reforma que implique pérdida de derechos", afirmó a la salida del encuentro.

Por su parte, la senadora Carolina Losada destacó que la reforma laboral está "muy avanzada", aunque reconoció que el Congreso seguramente introducirá modificaciones. Cristian Ritondo, diputado del PRO, resumió la situación: "La CGT quiere un proyecto, la UIA otro, y nosotros estamos en el medio con la idea de consensuar".

El proyecto oficial contempla, entre otros puntos, la posibilidad de convenios por empresa, cambios en el régimen de indemnizaciones, premios a la productividad, creación de bancos de horas, reducción de impuestos al trabajo y la opción de que los salarios puedan pagarse en distintas monedas. Además, se prevé un apartado sobre democracia sindical, un tema resistido por parte del sindicalismo.

El Consejo de Mayo, que se reunió periódicamente desde junio, buscó consensuar reformas estructurales en un contexto de alta inflación y pérdida de poder adquisitivo. El informe final será presentado en el Congreso el 9 de diciembre, aunque las diferencias entre los sectores involucrados anticipan un debate intenso en el Parlamento. El Gobierno mantiene la expectativa de alcanzar un acuerdo antes de esa fecha, mientras la CGT advierte que no avalará el proyecto si no se respetan los derechos laborales.