La investigación judicial por presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) sumó nuevos episodios este lunes, cuando Jonathan Kovalivker, presidente de la droguería Suizo Argentina, se presentó en los tribunales federales de Comodoro Py y entregó su teléfono celular a la Justicia. El empresario era buscado desde el jueves pasado, en el marco de una causa que involucra a su familia y a exfuncionarios públicos, tras la filtración de audios que describen supuestos pagos ilegales en la provisión de medicamentos al Estado.

El juez federal Sebastián Casanello, a pedido del fiscal Franco Picardi, ordenó el bloqueo de las cajas de seguridad de los Kovalivker, Diego Spagnuolo y Daniel Garbellini, y prohibió la salida del país de los investigados. "El objetivo es garantizar que no se sustraigan elementos que puedan servir como evidencia para la causa", explicaron fuentes judiciales. La medida fue comunicada al Banco Central de la República Argentina (BCRA).

El viernes pasado, Emmanuel Kovalivker fue interceptado por la policía en Nordelta mientras intentaba abandonar el barrio en su auto, llevando consigo 266.000 dólares y siete millones de pesos en efectivo, que fueron secuestrados. Su hermano Jonathan logró evadir a la policía ese mismo día, pero finalmente se presentó ante la Justicia. El jefe de seguridad de Nordelta, Ariel De Vicentis, fue indagado por presunto encubrimiento, aunque negó haber avisado a los empresarios sobre el operativo policial.

La causa se inició hace cinco días, tras la difusión de audios atribuidos a Diego Spagnuolo, exdirector de ANDIS y abogado personal del presidente Javier Milei. En las grabaciones, Spagnuolo denuncia un esquema de sobreprecios y coimas en la compra de medicamentos, mencionando a asesores presidenciales y funcionarios como Karina Milei, Lule Menem, Martín Menem y Sandra Pettovello. "Yo fui y le dije ‘Javier, yo estoy denunciando todo el choreo y abajo tengo gente que va a pedir guita. ¿Qué hago?’", se escucha en uno de los audios.

La Justicia realizó allanamientos en domicilios particulares, oficinas de ANDIS y la droguería Suizo Argentina, incautando computadoras, documentación y dispositivos electrónicos. Los teléfonos de los principales involucrados están bajo análisis pericial, aunque algunos se negaron a entregar las claves de acceso. La Procuraduría de Investigaciones Administrativas estudia los expedientes y esquemas de contratación.

El caso genera preocupación por la transparencia en la gestión pública y la provisión de medicamentos, mientras se esperan definiciones procesales en los próximos días. La investigación continúa con el análisis de pruebas y la búsqueda de los dispositivos faltantes, en un contexto de creciente atención mediática y política.