La asunción de la senadora electa por Río Negro, Lorena Villaverde, de La Libertad Avanza, quedó en suspenso tras la presentación de impugnaciones por parte del Partido Justicialista y otros sectores de la oposición. Los cuestionamientos se centran en antecedentes penales de Villaverde en Estados Unidos, donde fue detenida en 2002 por tenencia de drogas, aunque el expediente fue cerrado y no existen causas pendientes en la actualidad.

La Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado analizó el caso y emitió un dictamen de mayoría en contra de la asunción de Villaverde, mientras que el oficialismo anticipó la presentación de un dictamen favorable. La definición final sobre su incorporación será tomada por el pleno del Senado en la sesión prevista para el 28 de noviembre, en un contexto de fuerte tensión política y con la reciente renovación de la Cámara Alta.

El debate sobre la idoneidad de los legisladores no es nuevo en el Congreso argentino. Casos emblemáticos como los de Antonio Bussi, Luis Patti y Ramón Saadi han marcado precedentes sobre los criterios para aceptar o rechazar la asunción de representantes electos. En general, la jurisprudencia de la Corte Suprema ha sostenido que solo una condena judicial firme puede impedir la asunción de un legislador, defendiendo el principio de respeto a la voluntad popular.

En el caso de Villaverde, la oposición argumenta que existen "inhabilidades morales, éticas y constitucionales" debido a sus antecedentes y presuntos vínculos con personas investigadas por narcotráfico. El senador José Mayans fue contundente al afirmar que "no podemos permitir que una persona con relación directa con el narcotráfico esté sentada en el Congreso". Por su parte, el senador Luis Juez defendió la posición de que, en ausencia de una condena vigente, no existen impedimentos legales para que Villaverde asuma su banca: "Un pleito judicial se resuelve con una sentencia judicial. La sentencia dice que no tiene nada pendiente".

El caso reabre el debate sobre los límites de la potestad del Congreso para juzgar a sus miembros y la necesidad de establecer criterios claros y objetivos. La decisión que adopte el Senado sentará un nuevo precedente en la historia parlamentaria argentina y podría tener implicancias en futuros procesos de impugnación.