El 12 de marzo de 2025, durante una manifestación en defensa de los jubilados frente al Congreso de la Nación en Buenos Aires, el fotógrafo Pablo Grillo fue gravemente herido por el impacto de un cartucho de gas lacrimógeno disparado por un gendarme. El hecho, ocurrido en el marco de una protesta contra el ajuste económico impulsado por el gobierno de Javier Milei, se convirtió rápidamente en un símbolo de la represión estatal y de la vulnerabilidad de los trabajadores de prensa en contextos de conflicto social.

Según la reconstrucción realizada por el Mapa de la Policía y peritos forenses, el disparo fue efectuado de manera irregular, en ángulo horizontal y directo hacia los manifestantes, contraviniendo los protocolos de uso de este tipo de armamento. El gendarme Héctor Guerrero fue identificado como el autor del disparo, aunque hasta la fecha no ha sido citado a indagatoria, pese a la acumulación de pruebas audiovisuales y testimonios que lo comprometen directamente. La causa judicial, a cargo de la jueza María Servini y el fiscal Eduardo Taiano, avanza con lentitud, lo que genera preocupación e incomprensión entre los familiares de Grillo y las organizaciones de derechos humanos.

La última foto tomada por Grillo segundos antes de recibir el impacto fue difundida por la especialista en fotoperiodismo Cora Gamarnik, quien la definió como un documento histórico por su carga simbólica y material. La imagen muestra una estructura de madera incendiada y astillas volando, en medio del avance policial, y se ha convertido en emblema de la lucha por justicia y memoria.

El informe interno de la Gendarmería atribuyó la responsabilidad del hecho a Grillo, alegando que se encontraba "mal ubicado" en la línea de fuego, y exculpó tanto al gendarme como a sus superiores de cualquier reproche disciplinario. Esta postura fue rechazada por la familia, organizaciones como el CELS y la Liga Argentina por los Derechos Humanos, que insisten en la necesidad de investigar no solo al autor material sino también a la cadena de mandos y a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

La recuperación de Grillo ha sido lenta y compleja, con varias operaciones y un proceso de rehabilitación en curso. La solidaridad con él y su familia se expresa en movilizaciones semanales en su barrio de Remedios de Escalada, festivales y acciones de reporteros gráficos frente al Congreso. El caso ha reavivado el debate sobre la violencia institucional y el rol de la prensa en la Argentina actual, en un contexto de creciente conflictividad social y represión estatal.

A cuatro meses del ataque, la lucha por justicia continúa, mientras la causa judicial permanece estancada y el reclamo social se mantiene firme. El caso de Pablo Grillo se suma a una larga lista de episodios de violencia institucional que interpelan a la sociedad argentina y a sus instituciones democráticas.