La provincia de Santa Cruz se encuentra en el centro de una disputa política y judicial tras la suspensión de la reforma que ampliaba el Tribunal Superior de Justicia. El gobernador Claudio Vidal denunció públicamente un "golpe judicial" atribuido a Cristina y Máximo Kirchner, luego de que el juez Marcelo Bersanelli, exabogado de la expresidenta, dictara una medida cautelar que frena por diez días el tratamiento de las ternas para designar nuevos jueces.

La reforma, aprobada por la Legislatura con una ajustada mayoría oficialista, proponía aumentar de cinco a nueve los miembros del máximo tribunal provincial. Según Vidal, la iniciativa buscaba equilibrar una justicia que, a su entender, responde a intereses políticos ligados al kirchnerismo, que gobernó la provincia durante más de tres décadas. Sin embargo, el gremio judicial y sectores opositores presentaron un amparo, argumentando que la ley es "irrazonable" y compromete la constitucionalidad del sistema republicano.

El juez Bersanelli, vinculado al entorno kirchnerista, ordenó a la Cámara de Diputados abstenerse de tratar las ternas enviadas por el Ejecutivo, lo que generó fuertes críticas desde el gobierno provincial. "La justicia cooptada viola la Constitución e impide una vez más la aplicación de una ley votada por el poder legislativo", sostuvo Vidal en sus redes sociales. El vicegobernador Fabián Leguizamón también se sumó a las críticas, señalando la supuesta complicidad política del gremio judicial.

Por su parte, el exgobernador y actual diputado Daniel Peralta cuestionó la medida cautelar y advirtió sobre el avance del Poder Judicial sobre las atribuciones constitucionales de los otros poderes. "Se puede estar o no de acuerdo con los tiempos, las formas o el presupuesto, pero con claridad hay que decirlo: se está atacando algo legítimo y legal", expresó Peralta, quien llamó a dirimir las diferencias en las urnas y respetar la división de poderes.

El trasfondo económico agrava la polémica: la reforma judicial supondría un gasto anual de 4.500 millones de pesos en cargos vitalicios, en un contexto de crisis social y recortes presupuestarios. Mientras hospitales y escuelas reclaman recursos, la ampliación de la cúpula judicial es vista por muchos como una decisión política que privilegia acuerdos de poder por sobre las necesidades de la sociedad.

La tensión entre el Poder Ejecutivo y el Judicial se mantiene, y algunos sectores especulan con la posibilidad de una intervención federal si la crisis institucional se profundiza. En este escenario, la discusión sobre la reforma judicial de Santa Cruz se convierte en un nuevo capítulo de la histórica disputa política en la provincia, con repercusiones que podrían trascender el ámbito local.