El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires reiteró su pedido a la Justicia para que la expresidenta Cristina Kirchner no cumpla su condena de prisión domiciliaria en su departamento del barrio de Constitución. Según argumentó Maximiliano Piñeiro, secretario de Seguridad porteño, la presencia de la exmandataria en el edificio de San José 1111 genera complicaciones tanto para la administración local como para los vecinos, debido a la constante movilización de militantes y el despliegue de operativos de seguridad.

En la madrugada del viernes, la zona fue escenario de un importante operativo policial coordinado entre la Policía Federal Argentina y el Gobierno de la Ciudad. Se instalaron vallas metálicas y se procedió al retiro de pancartas y pasacalles colocados en apoyo a Cristina Kirchner. El operativo se realizó en vísperas de un banderazo convocado por sectores del peronismo, que finalmente fue trasladado al auditorio de Parque Lezama.

Cristina Kirchner, a través de sus redes sociales, cuestionó el accionar policial, calificándolo de ilegal y sin orden judicial. "Hoy, durante la madrugada, sin orden judicial y en forma completamente ilegal, Patricia Bullrich montó un operativo policial en la puerta de mi casa con el único objetivo de provocar conflictos que, hasta ahora, nunca sucedieron", expresó la exmandataria.

En paralelo, la Justicia impuso un régimen de visitas estricto para la prisión domiciliaria de Kirchner, permitiendo únicamente el ingreso de familiares, abogados y médicos, y exigiendo autorización previa para cualquier otra persona. La defensa de la expresidenta presentó recursos legales contra estas restricciones, considerándolas arbitrarias y violatorias de derechos civiles y políticos, y advirtió que podría acudir a la Corte Suprema y a organismos internacionales si no se revocan.

El caso se da en un contexto de alta tensión política, tras la confirmación de la condena de Kirchner en la causa Vialidad y su inhabilitación para ejercer cargos públicos. La situación ha generado movilización de militantes y un debate sobre el alcance de los derechos de los dirigentes políticos bajo prisión domiciliaria, así como sobre el impacto de estas medidas en la convivencia vecinal y la seguridad pública.