Más de 100 familias del barrio La Victoria, ubicado en el extremo sur de Neuquén capital, llevan casi dos décadas esperando la regularización dominial de sus viviendas. A pesar de contar con servicios básicos como luz, agua y gas, y de tener el aval del municipio, los propietarios no pueden escriturar sus terrenos debido a un conflicto sucesorio que mantiene frenado el trámite en la Dirección Provincial de Catastro e Información Territorial.

El problema se originó tras el fallecimiento de Lazo Melgar, titular original del condominio, quien en vida había dado su conformidad para avanzar con el loteo. Sin embargo, la instancia provincial exige ahora la ratificación de los herederos, y uno de ellos, Esteban Lazo Mejía, se niega a firmar la conformidad ya otorgada por su padre. Esta negativa ha bloqueado la aprobación definitiva del plano y, en consecuencia, la subdivisión del condominio y la escrituración individual de las propiedades.

El barrio La Victoria comenzó a desarrollarse en 2005. Desde entonces, los vecinos han debido organizarse y financiar por cuenta propia las obras de infraestructura necesarias, como la red eléctrica, el agua potable y el gas natural. Actualmente, más de 100 viviendas de construcción tradicional conforman el barrio, cuyos habitantes pagan impuestos y tasas municipales como zona urbana, aunque legalmente no pueden acceder a créditos hipotecarios, vender formalmente ni heredar con seguridad jurídica.

Marta Retamales, referente de los vecinos autoconvocados, expresó: “Este hombre no quiere firmar y la única manera que consideramos es hacerlo público y tocar puertas”. Los vecinos sostienen que la solución es administrativa y solicitan que Catastro valide la firma original otorgada por el titular registral, prescindiendo de la ratificación del heredero, dada la consolidación urbana del barrio.

El caso de La Victoria pone en evidencia los desafíos burocráticos y legales que enfrentan muchos barrios en proceso de regularización en la provincia. Mientras tanto, las familias continúan esperando una resolución que les permita acceder a la seguridad jurídica sobre sus viviendas y avanzar en su desarrollo.