La reforma laboral impulsada por el gobierno argentino ha desatado un intenso debate en todo el país, polarizando a sindicatos, empresarios y actores políticos. El secretario general del sindicato de Comercio, Fernando Ligorria, fue contundente al afirmar que "no va a generar empleo" y advirtió que la iniciativa implica la pérdida de derechos laborales. Ligorria, en diálogo con Radio Nihuil, sostuvo que "hay muchos derechos de los trabajadores que se van perdiendo" y que, pese a la necesidad de actualizar convenios colectivos, la reforma no ha demostrado capacidad para crear nuevos puestos de trabajo, especialmente en sectores con alta informalidad como el comercio.

En paralelo, la Confederación General del Trabajo (CGT) evalúa la convocatoria a un paro nacional de 24 horas en rechazo a la reforma, que coincidiría con el debate legislativo en la Cámara de Diputados. "Recién el miércoles nosotros vamos a saber si nos adherimos o no. Estimo que sí", anticipó Ligorria, reflejando la incertidumbre y el clima de tensión entre los gremios.

Por otro lado, sectores empresariales, en particular el agropecuario, ven en la reforma una oportunidad para reducir la litigiosidad y adaptar la normativa a las características propias del trabajo rural. Según un análisis publicado en La Nación, la modernización permitiría formalizar relaciones laborales estacionales y brindar mayor previsibilidad tanto a empleadores como a trabajadores, sin que ello implique una pérdida de derechos.

La izquierda y el sindicalismo combativo, en cambio, consideran la reforma como un avance del capital sobre la clase trabajadora y denuncian su ilegitimidad. Desde La Izquierda Diario se sostiene que la norma carece de consenso social y que su eventual aprobación podría desencadenar una "guerra de posiciones" entre sectores sociales antagónicos. Las manifestaciones y la represión policial han acompañado el debate, mientras la CGT enfrenta presiones internas y externas para adoptar una postura más firme.

El contexto económico, marcado por la inflación y el malestar social, agrava la polarización. El gobierno de Javier Milei defiende la reforma como una herramienta clave para la competitividad y el desarrollo, mientras la oposición peronista debate su estrategia frente a un escenario de crisis y fragmentación. El desenlace del debate legislativo y la respuesta sindical serán determinantes para el futuro del mercado laboral argentino.