El gobierno nacional, encabezado por Javier Milei, alcanzó un acuerdo con el empresario británico Joe Lewis y la sociedad Hidden Lake SA para poner fin a una demanda por la compra fraudulenta de 12.000 hectáreas en Lago Escondido, provincia de Río Negro. La acción judicial, iniciada en 2023 por el Ministerio del Interior, buscaba anular la compraventa realizada en 1996, argumentando que se trató de una maniobra ilegal para eludir las restricciones a la adquisición de tierras en zonas de seguridad de frontera por parte de extranjeros.

El acuerdo fue homologado el 28 de enero de 2026 durante la feria judicial, bajo la supervisión del juez Walter Lara Correa. Según fuentes judiciales, el contenido del convenio permanece reservado y el expediente dejó de ser de acceso público desde diciembre del año pasado. Esta decisión ha generado cuestionamientos sobre la transparencia del proceso y el respeto a las normativas vigentes sobre la extranjerización de tierras.

La causa penal original había sido cerrada en 2021 por el camarista Carlos Mahiques, quien previamente había revocado sobreseimientos en 2017. Posteriormente, en 2023, el Ministerio del Interior reactivó la acción de lesividad, que ahora queda sin efecto tras el acuerdo entre las partes. El caso involucra a funcionarios judiciales y políticos que participaron en viajes a la estancia de Lewis, lo que ha alimentado sospechas sobre posibles conflictos de interés.

El contexto de este acuerdo coincide con los intentos del gobierno de Milei de modificar la ley que limita la extranjerización de tierras y regula la transparencia en la titularidad de propiedades rurales. Además, persisten disputas judiciales sobre el acceso público al Lago Escondido, impulsadas por organizaciones civiles y legisladores como Magdalena Odarda.

Ricardo Nissen, ex titular de la Inspección General de Justicia, calificó a Hidden Lake SA como una "sociedad burbuja" y denunció irregularidades en su constitución y funcionamiento. Por su parte, representantes de la sociedad civil y legisladores continúan reclamando mayor transparencia y el cumplimiento de las leyes que protegen los recursos naturales y el acceso público a los espacios de la Patagonia.

El cierre de este litigio deja abiertas preguntas sobre la política de tierras en la Argentina y el rol de los intereses extranjeros en la región, mientras se aguarda la resolución de causas conexas en la Corte Suprema.