Cristina Fernández de Kirchner se presentará este miércoles en los tribunales de Comodoro Py, luego de que la Corte Suprema ratificara su condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua en la causa Vialidad. La noticia ha generado una fuerte movilización de sus seguidores, quienes planean acompañarla desde su domicilio en Constitución hasta los tribunales, en una marcha convocada por el Partido Justicialista, la CGT, la CTA y otras organizaciones sociales y sindicales.

El Gobierno nacional, a través del jefe de Gabinete Guillermo Francos, minimizó la preocupación por la protesta, aunque confirmó que se están tomando medidas de seguridad. Francos sostuvo que “ninguna manifestación popular puede torcer una decisión judicial” y consideró que a la ex presidenta le corresponde el beneficio de la prisión domiciliaria por su edad, su condición de ex mandataria y motivos de seguridad. “Demostramos que en el país hay estado de derecho. No es que esté proscripta por voluntad política de otro, sino porque cometió ilícitos que le impiden postularse”, afirmó Francos en declaraciones radiales.

En el ámbito judicial, el juez Jorge Gorini, encargado de la ejecución de la condena, espera el dictamen del fiscal Diego Luciani para definir si Cristina Kirchner cumplirá la pena en su domicilio. La defensa de la ex presidenta argumenta que la prisión domiciliaria no es un privilegio, sino una medida necesaria por razones de seguridad personal e institucional, recordando el intento de atentado que sufrió y la custodia obligatoria que le corresponde como ex jefa de Estado.

El operativo de seguridad para el miércoles será coordinado entre la Policía Federal y la de la Ciudad de Buenos Aires, ante la expectativa de una masiva movilización y la posible presencia de grupos autoconvocados. Las autoridades buscan evitar incidentes y garantizar tanto el derecho a la protesta como la tranquilidad de los vecinos de la zona.

Desde el Gobierno y sectores judiciales se insiste en que la decisión sobre la modalidad de detención es estrictamente judicial y que no existen pactos políticos al respecto. Por su parte, Cristina Kirchner y su entorno denuncian una persecución política y proscripción, mientras que la oposición y el oficialismo coinciden en la necesidad de que la ex mandataria cumpla la condena bajo las condiciones que determine la Justicia.

El desenlace de este caso podría sentar un precedente sobre el tratamiento judicial y político de ex presidentes condenados en Argentina, en un contexto de alta polarización y debate sobre la independencia de los poderes del Estado.