Un fallo judicial obliga a la empresa de medicina prepaga Medicus a devolver a sus afiliados los aumentos de cuotas aplicados en 2011 y 2012, que no contaron con la autorización del Gobierno. La causa, iniciada por Lucas Augusto Adamoli, fue tramitada en el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Federal N°4, a cargo de José Luis Cassinerio. Según el fallo, Medicus deberá reintegrar las sumas cobradas indebidamente, más intereses calculados según la tasa activa vencida del Banco Nación.

Los aumentos cuestionados corresponden a un 9,5% aplicado en diciembre de 2011 y un 5% en mayo de 2012. La devolución se realizará mediante notas de crédito para los afiliados actuales, mientras que los exafiliados deberán acreditar su condición para recibir el reintegro. Se estima que unas 10,000 personas podrían beneficiarse de esta medida.

Medicus argumentó que los aumentos fueron autorizados verbalmente por el entonces secretario de Comercio, Guillermo Moreno, pero no formalizados. La empresa criticó las "acciones de clase", calificándolas de "vulnerables" y generadoras de costos millonarios. "Lo más difícil de entender es cómo una persona convierte su pleito personal en una 'acción de clase'. Es un disparate", señalaron fuentes de la compañía.

Actualmente bajo el control de la familia De All, Medicus enfrenta un desafío financiero significativo. "Afrontar estos valores puede volverse impagable para las compañías", advirtieron. Sin embargo, el fallo es visto como una victoria por los afiliados y exafiliados, quienes consideran que se ha hecho justicia.

Este caso pone en evidencia las tensiones entre las empresas de medicina prepaga y la regulación estatal en Argentina. Además, podría sentar un precedente para futuros reclamos colectivos en el sector de la salud. Expertos legales destacan la importancia de las "acciones de clase" para equilibrar el poder entre consumidores y grandes empresas, aunque reconocen la necesidad de mejorar su regulación para evitar abusos.

El fallo también reaviva el debate sobre la gestión estatal de la época, señalada por su falta de formalidad en la autorización de aumentos. "Seguramente en la gestión anterior estuvo mal manejado", admitieron fuentes de Medicus. Este caso, que afecta a miles de personas, subraya la importancia de una regulación clara y transparente en el sector de la salud.