La situación de los jubilados y pensionados en Argentina ha alcanzado un punto crítico, según denuncias de defensores y especialistas en la materia. Eugenio Semino, defensor de la tercera edad, solicitó públicamente la declaración de emergencia alimentaria y sanitaria para los adultos mayores, argumentando que el deterioro de los ingresos los coloca en una situación de extrema vulnerabilidad.

Semino explicó que el último reajuste previsional fue del 1,5%, pero seis millones de beneficiarios que perciben un bono adicional —congelado desde hace 11 meses— recibieron en realidad solo un 0,8% de aumento. "Eso es menos que la inflación mensual. El resultado: un incremento real de apenas 4.000 pesos, que no alcanza ni para un café", denunció. Además, advirtió que el invierno agrava la situación, ya que muchos jubilados no pueden costear calefacción ni medicamentos, lo que incrementa los riesgos para la salud en la época de mayor morbilidad del año.

Según datos del INDEC citados por Semino, desde la asunción del presidente Javier Milei, los jubilados que perciben la mínima han perdido 13 puntos frente a la inflación: mientras el índice de precios acumuló un 118% en 2024, los haberes aumentaron solo un 105%. Semino subrayó que la pérdida de poder adquisitivo es un problema que se arrastra desde 2013 y que la situación actual requiere una intervención estatal urgente. "El Estado tiene que garantizar comida, medicamentos y techo. Ya no se trata solo de ingresos, sino de supervivencia", afirmó.

El abogado previsional Norberto Markarián también se sumó a las críticas, señalando que "los jubilados ya no tienen pobreza, tienen hambre". Markarián cuestionó el sistema de actualización de haberes y la discrecionalidad en el otorgamiento de bonos, advirtiendo sobre el peligro de protestas masivas y la judicialización de los reclamos.

La crisis social que atraviesan los jubilados ha generado movilizaciones semanales y un creciente malestar en el sector. Tanto defensores como especialistas coinciden en la urgencia de una respuesta estatal que atienda las necesidades básicas de los adultos mayores, en un contexto de ajuste fiscal y alta inflación que profundiza su vulnerabilidad. Las consecuencias de la falta de acción podrían ser graves, tanto en términos sociales como sanitarios, advierten los expertos.