El Gobierno nacional oficializó un decreto que habilita a nueve provincias a concesionar tramos de rutas nacionales y cobrar peaje para financiar su mantenimiento y obras. La medida, que alcanza a distritos como Neuquén, Río Negro y Santa Fe, busca descentralizar la gestión de la infraestructura vial, en respuesta a los reclamos por el deterioro de las rutas y la paralización de la obra pública.

Según el Decreto 253/2026, la delegación de competencias es funcional, limitada, temporal y revocable, sin transferir la titularidad ni la jurisdicción federal sobre los caminos, que seguirán bajo control nacional. Las provincias deberán firmar convenios con Vialidad Nacional para definir los tramos específicos y los plazos de las concesiones, que no podrán superar los 30 años. Además, los fondos recaudados por peaje solo podrán destinarse a los tramos concesionados.

El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, destacó que la medida permitirá avanzar en la gestión de rutas estratégicas, como la 242 y la 22, y anticipó la implementación de peajes y sistemas de pesaje para camiones. Por su parte, el gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, celebró la transferencia de competencias como un logro para la provincia, aunque criticó el abandono de las rutas del interior por parte de gobiernos nacionales anteriores.

En Santa Fe, el gobernador Maximiliano Pullaro consideró la medida un avance, pero pidió cautela: “El decreto pone un plazo máximo pero no un mínimo. Si la cesión es solo por un año, la inversión provincial no se justifica”. Pullaro también evalúa la creación de un fideicomiso para administrar los fondos y garantizar el mantenimiento a largo plazo.

La decisión generó reacciones dispares entre los gobernadores, con apoyos prudentes y pedidos de precisiones sobre los detalles operativos y financieros. Algunos mandatarios interpretan la medida como un paso hacia un federalismo más activo, mientras otros advierten sobre el riesgo de fragmentación en la gestión vial y el traslado de costos a los usuarios.

La exclusión de la provincia de Buenos Aires del esquema alimentó críticas desde sectores opositores, que cuestionan los criterios de selección. El impacto final dependerá de la capacidad de las provincias para estructurar licitaciones atractivas y coordinar con la Nación, en un contexto de fuerte deterioro de la infraestructura y necesidad de inversiones millonarias.