La renuncia de José Luis Espert como primer candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires sacudió el escenario político a menos de tres semanas de las elecciones. Espert, economista y referente de La Libertad Avanza (LLA), dimitió tras la difusión de pruebas que lo vinculan con un presunto pago de 200.000 dólares por parte de un empresario investigado por narcotráfico. “Demostraré mi inocencia en la Justicia, sin fueros ni privilegios”, afirmó Espert en sus redes sociales.

Ante esta situación, el oficialismo, encabezado por el presidente Javier Milei, propuso a Diego Santilli, dirigente del PRO, como reemplazo en la cabeza de la lista. Milei confirmó la decisión en declaraciones públicas y Santilli expresó: “Voy a dejar el alma para defender el rumbo y frenar a los que quieren que explote el país”. Sin embargo, la designación de Santilli enfrenta obstáculos legales y logísticos. La ley de paridad de género y el Código Electoral establecen que el reemplazo debe ser del mismo género, pero existen interpretaciones divergentes sobre si esto aplica al primer lugar de la lista. El juez electoral Alejo Ramos Padilla será quien defina finalmente si Santilli puede asumir ese puesto o si corresponde a Karen Reichardt, segunda en la lista.

El proceso se complica aún más porque las boletas ya fueron impresas con la imagen de Espert, y la reimpresión, estimada en hasta 15.000 millones de pesos, resulta inviable por los plazos y el costo. La Justicia Electoral advirtió que el tiempo para modificar las boletas ya expiró, por lo que, salvo una decisión judicial extraordinaria, Espert seguirá figurando en las papeletas.

La reacción política fue inmediata. Desde la oposición, dirigentes como Juan Grabois y Victoria Tolosa Paz celebraron la salida de Espert y cuestionaron la transparencia del oficialismo. Otros, como Facundo Manes y Jorge Taiana, pidieron su remoción de la Cámara de Diputados y denunciaron la “matriz de corrupción” del gobierno. En tanto, el oficialismo busca mostrar fortaleza y experiencia con la candidatura de Santilli, aunque enfrenta críticas por el costo y la legalidad del proceso de reemplazo.

El desenlace dependerá de la decisión del juez Ramos Padilla, quien podría ser objeto de apelaciones hasta la Corte Suprema. Mientras tanto, la campaña de LLA en Buenos Aires atraviesa una crisis de legitimidad y organización, en un contexto de alta polarización y desconfianza pública.