La Justicia de La Plata investiga la muerte de una mujer que fue atendida por un servicio médico ilegal, lo que derivó en una serie de allanamientos en distintos partidos bonaerenses. El caso salió a la luz tras el fallecimiento de la paciente, quien recibió un diagnóstico erróneo por parte de una persona que utilizó el sello de un médico habilitado, sin contar con la formación profesional necesaria.

Los operativos, realizados en La Plata, Presidente Perón y Magdalena, estuvieron a cargo del Cuerpo de Investigaciones Judiciales y la División Investigaciones Especiales de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires. Durante los procedimientos, las autoridades secuestraron computadoras, credenciales, certificados presuntamente falsos, talonarios y sellos de distintos profesionales, elementos que serán analizados por la Justicia para determinar el alcance de la maniobra y la posible existencia de otras víctimas.

Según la investigación, la atención médica fue brindada por un individuo que utilizaba el sello prestado de un médico habilitado. Tras el diagnóstico equivocado, los responsables se retiraron del domicilio, dejando a la mujer sin asistencia, lo que derivó en su fallecimiento. "Le dijeron tomate un ibuprofeno y se fueron. Murió por un síndrome respiratorio agudo. Fue en 2022", relató una fuente del caso a Infobae.

Como resultado de los allanamientos, tres personas fueron identificadas e imputadas por infracción a los artículos 29 y 30 del Código Procesal Penal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Entre los imputados figura un médico venezolano y otros profesionales vinculados a la red clandestina. La investigación, dirigida por la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas Nº25 y autorizada por el Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas Nº2, avanza sobre los delitos de asociación ilícita, estafa, usurpación de títulos, ejercicio ilegal de la medicina y abandono de persona.

El caso ha generado preocupación en el ámbito sanitario bonaerense, evidenciando la vulnerabilidad de los pacientes ante servicios médicos clandestinos y la necesidad de reforzar los controles sobre la habilitación de profesionales y ambulancias privadas. Vecinos y familiares de la víctima exigen justicia y mayor regulación, mientras la Justicia continúa reuniendo pruebas para determinar el grado de responsabilidad de los implicados y el alcance de la red ilegal.