La detención de la concejala de Quilmes, Eva Mieri, y la excarcelación de la funcionaria bonaerense Alesia Abaigar, ambas acusadas de participar en el ataque con estiércol a la casa del diputado José Luis Espert, han generado una fuerte controversia política y judicial en Argentina. El episodio, ocurrido el 17 de junio en la localidad de Beccar, involucró a un grupo de personas que arrojaron estiércol y colgaron un pasacalle ofensivo en la residencia del legislador.

Según la investigación judicial, la organización del ataque se realizó desde una unidad básica de La Cámpora en Vicente López, utilizando vehículos oficiales y particulares, entre ellos una camioneta asignada al municipio de Quilmes. La jueza federal Sandra Arroyo Salgado fundamentó la prisión preventiva de Mieri en el riesgo de entorpecimiento de la investigación, tras constatar que el celular de la concejala había sido borrado o reemplazado poco antes de su detención. "Es como si el celular hubiera nacido ese día", describió la magistrada, quien también destacó el rol de Mieri como funcionaria pública.

Por su parte, Alesia Abaigar, funcionaria del Ministerio de la Mujer bonaerense, fue excarcelada tras el pago de una caución de 30 millones de pesos, aunque su defensa calificó el monto de "exorbitante" y denunció un "show mediático" en torno a su detención. Abaigar sostuvo que la acusación debería ser considerada una contravención y no un delito grave, y denunció que su arresto tuvo un costo personal y psicológico significativo.

El caso ha generado manifestaciones frente al penal de Ezeiza en apoyo a Mieri, con la participación de dirigentes políticos, sociales y de derechos humanos, quienes denuncian persecución política. Mientras tanto, otros implicados en el hecho fueron liberados bajo fianza y restricciones, y la investigación continúa bajo secreto de sumario.

El episodio se produce en un contexto de alta polarización política y ha reavivado el debate sobre la criminalización de la protesta y el uso de la Justicia en disputas partidarias. La utilización de recursos públicos en el ataque agrava la situación judicial de los implicados, mientras sectores opositores exigen sanciones ejemplares y transparencia en el proceso. El desenlace del caso podría tener implicancias en la relación entre el oficialismo y la oposición, así como en la percepción pública sobre el funcionamiento de la Justicia.