El sector universitario y el Hospital Garrahan se encuentran en estado de alerta ante la inminente decisión del presidente Javier Milei de vetar dos leyes fundamentales para el financiamiento de la educación superior y la salud pediátrica. Ambas normas fueron aprobadas recientemente por el Congreso con un amplio respaldo, reflejando la preocupación social por el deterioro de estos servicios públicos.

La Ley de Financiamiento Universitario, sancionada con 58 votos a favor en el Senado y 158 en Diputados, establece actualizaciones presupuestarias para las universidades nacionales, la convocatoria a paritarias y el aumento de becas estudiantiles. Por su parte, la ley de emergencia pediátrica busca asignar recursos prioritarios al Hospital Garrahan, recomponer salarios y revertir modificaciones en el sistema de residencias médicas.

El Ejecutivo, sin embargo, adelantó que vetará ambas iniciativas, argumentando que comprometen el equilibrio fiscal y el objetivo de superávit. "Promueven proyectos que buscan romper el equilibrio fiscal", sostuvo Milei, quien considera que el ajuste es indispensable para mantener la estabilidad económica. Esta postura generó un fuerte rechazo en el ámbito universitario y sanitario, donde se advierte sobre el impacto negativo en el funcionamiento institucional y la atención médica.

La Universidad de Buenos Aires, a través de una resolución unánime de su Consejo Superior, solicitó al presidente la promulgación de las leyes y, en caso de veto, instó a los legisladores a insistir en su aprobación. "No haber contado con esa herramienta legislativa ha generado severos problemas que es necesario resolver de manera urgente", expresó el rector Ricardo Gelpi.

En el Hospital Garrahan, médicos y trabajadores denuncian la pérdida de poder adquisitivo y la fuga de profesionales, lo que afecta la calidad de atención. "El desfasaje salarial está llevando a un montón de gente a dejar el hospital; se desarman equipos de trabajo y se deja de dar atención de calidad", lamentó Santiago Weller, jefe de Urología.

La respuesta social no se hizo esperar: rectores, gremios y estudiantes definieron realizar una nueva marcha federal entre el 17 y 24 de septiembre, en defensa de la educación y la salud pública. Encuestas recientes muestran una alta aprobación a los reclamos, mientras la imagen del presidente se resiente ante la opinión pública.

El conflicto se desarrolla en un contexto de recortes presupuestarios y alta inflación, con la proximidad de comicios de medio término que podrían definir el futuro político del oficialismo. La oposición, por su parte, busca revertir el veto y garantizar el financiamiento de sectores clave para la sociedad argentina.