Una reciente investigación periodística ha sacado a la luz los estrechos vínculos entre el laboratorio HLB, actualmente bajo investigación por la muerte de al menos 53 personas asociadas a desvíos de calidad en productos con fentanilo, y el empresario Lázaro Báez, condenado por lavado de dinero. El entramado empresarial y personal involucra sociedades, bienes decomisados y operaciones en sectores estratégicos como la aviación y la salud.

Ariel García Furfaro, dueño de HLB, aparece en los registros de Top Air, una empresa de transporte aéreo de pasajeros con sede en Río Gallegos y Buenos Aires, que fue parcialmente propiedad de Austral Construcciones, la nave insignia del imperio de Báez. Documentos oficiales muestran que en 2016 Top Air trasladó su domicilio a la casa de la madre de García Furfaro, donde también funcionaban otras empresas familiares. En la misma época, Báez fue detenido tras descender de uno de sus aviones, que luego fue decomisado por la Justicia.

La relación entre García Furfaro y Báez se extiende más allá de los papeles. Ambos, junto a colaboradores como Walter Zanzot y Diego Castrillón, compartieron negocios aeronáuticos y realizaron visitas a Báez en prisión. Zanzot, presidente de Top Air y condenado por lavado, también lideró otras empresas vinculadas a la aviación y al entorno de Báez. Los aviones y hangares de ambas partes estuvieron involucrados en operaciones y decomisos judiciales, e incluso se intentó vender Top Air para evitar que sus bienes fueran incautados, aunque la maniobra fracasó tras el incendio de un avión clave.

El laboratorio de García Furfaro en Ramallo, provincia de Buenos Aires, se encuentra cerca de empresas investigadas por crimen organizado, y su actividad ha levantado sospechas de vínculos con el narcotráfico, especialmente en la hidrovía del Paraná y la Triple Frontera. La Justicia ha confirmado la pertenencia de Top Air a Báez y sigue investigando los lazos empresariales y personales entre los involucrados.

El caso ha generado preocupación por la posible infiltración del crimen organizado en sectores clave de la economía y la salud, y pone en el centro del debate la necesidad de fortalecer los controles y la transparencia en las operaciones empresariales y sanitarias.