La Convención Constituyente de Santa Fe continúa con el debate sobre la reforma de la Constitución provincial, en un clima de intensas negociaciones y marcadas diferencias entre los principales bloques políticos. El oficialismo, integrado por radicales y socialistas, enfrenta una grieta interna respecto al rediseño del poder ejecutivo y los controles institucionales. Mientras el socialismo impulsa un modelo con mayor sesgo parlamentario y la creación de un ministro coordinador con acuerdo legislativo, la UCR defiende un esquema más ejecutivista, otorgando al gobernador la facultad de designar o no a dicho ministro y la posibilidad de dictar decretos en situaciones de emergencia.

Por su parte, el Partido Justicialista, junto al Frente Renovador y Ciudad Futura, logró unificar criterios en un proyecto integral que incorpora la paridad de género en cargos estatales, la autonomía municipal y derechos sociales como la vivienda y la alimentación. Este bloque también propone limitar la reelección del gobernador y fortalecer la independencia del Ministerio Público de la Acusación y la Defensa.

El proceso de reforma se caracteriza por una inédita participación ciudadana: más de 700 proyectos y notas fueron presentados por instituciones, sindicatos, colectivos y particulares. Entre las propuestas destacan la inclusión de la perspectiva de género, la protección del ambiente, el acceso al agua y la salud pública, así como la defensa de la educación y los derechos laborales.

El capítulo judicial es uno de los puntos más conflictivos. La UCR propone que el Consejo de la Magistratura, presidido por un representante del Ejecutivo, seleccione jueces y fiscales, mientras que el socialismo aboga por un órgano independiente y un proceso más transparente. Las diferencias también alcanzan la remoción de magistrados y la autonomía del Ministerio Público, con el trasfondo de la crisis de seguridad que atraviesa la provincia.

A pesar de las tensiones, todos los sectores reconocen la necesidad de actualizar una Constitución que data de 1962. Sin embargo, persisten desacuerdos sobre el alcance de los cambios y los mecanismos de control del poder. La sociedad civil, por su parte, reclama mayor participación y transparencia en el proceso, mientras constitucionalistas advierten sobre los riesgos de concentración de poder y la falta de consulta previa.

El debate continuará en las próximas semanas, con la expectativa de alcanzar consensos que permitan modernizar la Carta Magna santafesina y responder a los desafíos actuales de la provincia.