El Gobierno argentino anunció la suspensión de más de 110.000 Pensiones No Contributivas por Discapacidad Laboral, tras una serie de auditorías que detectaron irregularidades en su otorgamiento. El vocero presidencial, Manuel Adorni, informó en conferencia de prensa desde la Casa Rosada que la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) suspendió concretamente 110.522 pensiones, además de dar de baja otras 8.107 correspondientes a personas fallecidas y 10.038 de quienes renunciaron voluntariamente al beneficio.

Según Adorni, la revisión permitió identificar casos de documentación médica repetida, como radiografías y estudios utilizados en múltiples expedientes, y otras incompatibilidades que evidencian un esquema de fraude a gran escala. "En Tucumán, por ejemplo, se encontraron casos que repitieron el mismo estudio", detalló el funcionario, quien también mencionó antecedentes similares en la provincia de Chaco. El ahorro estimado para el Estado por estas bajas asciende a 35 mil millones de pesos mensuales.

El vocero presidencial denunció que el sistema de pensiones por discapacidad fue utilizado de manera irregular durante gestiones anteriores, con un desvío de fondos que, según estimaciones oficiales, alcanzaría los 1.000 millones de dólares anuales. Adorni comparó la situación argentina con la de otros países, señalando que el porcentaje de beneficiarios es superior al de naciones que han atravesado conflictos bélicos o catástrofes naturales.

La medida se produce en un contexto de fuerte debate político, luego de que la Cámara de Diputados rechazara el veto presidencial a la ley de emergencia en discapacidad, lo que generó críticas del oficialismo hacia el Congreso. "El Congreso esta semana defendió este sistema corrupto; un sistema que desvió fondos de todos los argentinos en favor de los amigos de la política", afirmó Adorni.

Por su parte, organizaciones sociales, familiares de personas con discapacidad y representantes de federaciones del sector manifestaron su preocupación por el impacto de la suspensión de pensiones sobre los sectores más vulnerables. "El sector tiene los días contados", advirtió Adrián Martínez, representante de la Federación Converger, durante una manifestación frente al Congreso.

Las auditorías, realizadas por profesionales médicos del PAMI y personal de la ANDIS, abarcaron a todos los beneficiarios de pensiones por invalidez laboral otorgadas bajo la ley 13.478 y el decreto 432/97, excluyendo a menores de edad y personas ya auditadas en 2024. El Gobierno sostiene que el proceso busca mayor transparencia y equidad en la distribución de los beneficios, mientras la Justicia investiga las irregularidades detectadas.

El debate sobre la reforma del sistema de pensiones por discapacidad continúa, con posiciones encontradas entre el oficialismo y la oposición, y con la expectativa de nuevas medidas y auditorías en el futuro.