Una ola de amenazas de tiroteos y presencia de armas en más de 100 escuelas de Mendoza ha generado alarma y medidas excepcionales en la provincia. Desde la semana pasada, se han registrado más de 50 denuncias y la activación de protocolos de seguridad en decenas de establecimientos educativos, tras la aparición de mensajes intimidatorios en baños, redes sociales y carteles.

Como respuesta, la Dirección General de Escuelas (DGE) dispuso la prohibición del ingreso de mochilas y bolsos, recomendando que los estudiantes lleven sus útiles en bolsas transparentes. Además, se reforzó la presencia policial en las puertas de los colegios afectados. "El protocolo orienta a los directivos y docentes sobre cómo actuar frente a la situación emergente. El primer paso es llamar inmediatamente al 911", explicó Carina Gannam, directora de Apoyo Escolar de la DGE.

El Ministerio Público Fiscal imputó a tres adolescentes y a la madre de uno de ellos por el delito de intimidación pública, luego de que se confirmara que uno de los jóvenes llevó una réplica de arma de fuego a la escuela y otro publicó una fotografía intimidante en redes sociales. "Tenemos más estudiantes identificados con las amenazas, habrá más imputaciones y sanciones a los padres, como responsables de sus hijos", señaló Daniela García, jefa de gabinete de la DGE.

El fenómeno estaría vinculado a un reto viral difundido en plataformas como TikTok, Instagram y Telegram, donde los participantes comparten amenazas y fotos para ganar notoriedad. Esta situación provocó un ausentismo escolar superior al 60% en algunos establecimientos, según testimonios de preceptores y padres.

Las medidas adoptadas han generado preocupación y quejas entre las familias, que consideran restrictivas las nuevas reglas. Organizaciones sociales, como la Comisión Provincial por la Memoria, advierten que la respuesta punitiva no es suficiente y reclaman políticas integrales de contención y prevención, señalando que la crisis social y la precarización de la vida de los jóvenes son factores de fondo en estos episodios.

Las autoridades provinciales insisten en la necesidad de proteger a los estudiantes y aplicar sanciones ejemplares, mientras el debate sobre la mejor forma de abordar la problemática sigue abierto. El caso pone en evidencia la urgencia de políticas públicas que combinen seguridad, prevención y acompañamiento integral a la comunidad educativa.