Patricia Miriam Larroza, quien estuvo más de dos años detenida acusada de instigar el homicidio de su pareja en 2013, será indemnizada por el Estado bonaerense con $126.800.000 más intereses, según resolvió la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de Mercedes. La decisión judicial llega trece años después del crimen de Fabián Héctor Martínez, ocurrido en el partido de Moreno, y tras un extenso proceso en el que la acusación contra Larroza se desmoronó por falta de pruebas.

El caso se inició el 5 de julio de 2013, cuando Martínez fue asesinado de siete puñaladas y su cuerpo apareció en la vía pública sin varias de sus pertenencias. La investigación apuntó a Larroza a partir del testimonio de una persona de identidad reservada, que luego se descubrió estaba vinculada a una organización dedicada a fabricar causas penales falsas. Basándose en ese testimonio, la fiscalía ordenó la detención de Larroza y dictó su prisión preventiva.

Durante más de dos años, Larroza permaneció privada de su libertad, alejada de sus cuatro hijos, uno de los cuales padece una discapacidad severa. En octubre de 2015, durante el juicio oral, la fiscalía retiró los cargos y el Tribunal Oral en lo Criminal N° 4 de Mercedes resolvió su absolución inmediata, al considerar que no existían elementos suficientes para sostener la acusación.

Tras recuperar la libertad, Larroza inició una demanda por daños y perjuicios contra la Provincia de Buenos Aires. La Cámara de Mercedes concluyó que la prisión preventiva había excedido el plazo razonable y carecido de fundamentos sólidos, por lo que condenó al Estado a pagar una indemnización de $126.800.000, compuesta por $26,8 millones por incapacidad psíquica y $100 millones por daño moral, más intereses del 6% anual desde la detención.

El fallo también ordena investigar la actuación del testigo clave y pone en debate los límites de la prisión preventiva y la responsabilidad estatal ante detenciones arbitrarias. Los autores materiales del homicidio de Martínez nunca fueron identificados, y el caso deja en evidencia la necesidad de mayor rigor en la investigación penal para evitar daños irreparables a personas inocentes.