El Gobierno argentino oficializó la obtención de un préstamo de 300 millones de dólares por parte del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), destinado a reforzar la asistencia alimentaria en los sectores más vulnerables del país. La medida, formalizada mediante el Decreto 421/2025, permitirá financiar la segunda fase del Programa de Apoyo a la Prestación Alimentar, ampliando la cobertura etaria de los beneficiarios hasta los 17 años.

El financiamiento, que tendrá un plazo de 15 años y un período de gracia de 36 meses, se ejecutará a través de transferencias monetarias directas y cubrirá gastos complementarios asociados a la implementación de la política pública. Según datos oficiales, la Prestación Alimentar ya beneficia a más de 4 millones de personas, incluyendo madres, padres con hijos menores, mujeres embarazadas, personas con discapacidad y madres con siete hijos o más que perciben pensiones no contributivas.

El presidente Javier Milei incrementó los montos de la Prestación Alimentar en los primeros meses de su gestión, en respuesta a la emergencia social generada tras la devaluación de diciembre de 2023. El acuerdo con la CAF se alinea con los compromisos asumidos ante el Fondo Monetario Internacional, que exigen que las transferencias cubran al menos el 95% del valor de la Canasta Básica Alimentaria, cifra que en marzo de 2025 alcanzó el 95,1% según el INDEC.

El Ministerio de Capital Humano será el encargado de ejecutar el programa, que busca sostener la asistencia social en un contexto de ajuste fiscal y transición del gasto público. El [Banco Central de la República Argentina](/entities/entity_1744826139537_893) informó que el impacto del préstamo sobre la balanza de pagos será limitado y que el costo financiero es inferior al que el país obtendría en el mercado voluntario.

Sin embargo, algunos analistas, como Bichos de Campo, remarcan la paradoja de que un país agroexportador deba endeudarse en dólares para financiar subsidios alimentarios. La medida se inscribe en la emergencia alimentaria nacional, vigente hasta diciembre de 2025, y busca reforzar la contención social en un escenario de alta vulnerabilidad y caída de la generación genuina de divisas. El Gobierno espera que este nuevo desembolso permita consolidar la reducción de la pobreza e indigencia registrada a fines de 2024 y avanzar en el cumplimiento de los objetivos pactados con los organismos multilaterales de crédito.