El Gobierno Nacional ha despedido a Paulo Croppi y Raúl Bórquez, responsables de la Jefatura del Distrito 23 de Vialidad Nacional en Santa Cruz, tras la polémica demolición del monumento a Osvaldo Bayer en Río Gallegos. La obra, creada por el escultor Miguel Jerónimo Villalba, fue inaugurada el 24 de marzo de 2023 en conmemoración del Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, y su destrucción generó un amplio repudio social y político.

El monumento, que homenajeaba al historiador y periodista Osvaldo Bayer, fue demolido un día después de la fecha conmemorativa, lo que muchos interpretaron como un acto de provocación política. Según Vialidad Nacional, la decisión se tomó por razones técnicas relacionadas con la seguridad vial, ya que la obra estaba ubicada en una zona de caminos nacionales. Sin embargo, esta explicación no logró apaciguar las críticas.

La hija de Bayer, Ana Bayer, calificó el acto como un intento de censura y un ataque a la memoria histórica. "Es una barbaridad lo que hicieron, por el artista, por Osvaldo, por los 1.500 fusilados, por la Patagonia y su historia. Pero él está más vivo que nunca, les salió mal", expresó en un video difundido en redes sociales. Por su parte, el intendente de Río Gallegos, Pablo Grasso, anunció la restitución del monumento, afirmando que "la historia de los santacruceños y de los patagónicos no será borrada".

El despido de Croppi y Bórquez fue oficializado mediante un comunicado que no especifica los motivos, aunque se presume que responde al escándalo generado por la demolición. Además, ambos funcionarios enfrentan acusaciones de desvío de fondos públicos y uso indebido de recursos, según investigaciones en curso.

La obra de Bayer, especialmente su libro "La Patagonia Rebelde", ha sido fundamental para documentar los fusilamientos de peones rurales en 1921. La destrucción del monumento ha reavivado el interés por su legado y ha generado una serie de homenajes en distintas partes del país, incluyendo la instalación de nuevos monumentos y actividades culturales.

El caso pone de relieve la importancia de preservar la memoria histórica en un contexto de tensiones políticas y sociales en Argentina. Mientras tanto, la comunidad local y nacional sigue exigiendo explicaciones y acciones concretas para reparar el daño causado.