El debate político en Argentina se intensificó tras el anuncio de negociaciones entre el gobierno de Javier Milei y el Tesoro de Estados Unidos para un auxilio financiero de hasta 20.000 millones de dólares. La oposición, encabezada por legisladores de Unión por la Patria y otros bloques, presentó proyectos para exigir que cualquier acuerdo de endeudamiento externo sea sometido a la aprobación del Congreso, en cumplimiento de la Constitución Nacional.

El diputado Máximo Kirchner, junto a otros catorce legisladores, impulsó una resolución que declara nulo de nulidad absoluta cualquier empréstito que no cuente con el aval de ambas cámaras. "La aprobación argentina del supuesto 'salvataje' se encuadraría sin lugar a dudas en las atribuciones que la Constitución asigna al Poder Legislativo", argumentaron. Además, se solicita al Poder Ejecutivo y al Banco Central que presenten toda la documentación y cláusulas del acuerdo, especialmente sobre compromisos asumidos como condición para el préstamo.

En paralelo, diputados de otros bloques proponen modificar la ley vigente para ampliar el control parlamentario sobre toda deuda externa, incluyendo swaps, bonos y préstamos bilaterales. La oposición también planea citar al ministro de Economía, Luis Caputo, para que explique los alcances del acuerdo y el presupuesto nacional ante el Congreso.

El oficialismo, por su parte, busca avanzar con el acuerdo para fortalecer las reservas y estabilizar la economía, en medio de una crisis de divisas y presión cambiaria. Sin embargo, la estrategia de evitar el paso por el Congreso genera críticas sobre la transparencia y la legalidad del proceso. El secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, confirmó la disposición de su país a apoyar a Argentina y mencionó posibles inversiones extranjeras directas tras las elecciones.

El debate se da en un contexto de alta polarización política y en la antesala de las elecciones legislativas. Mientras algunos sectores celebran el respaldo internacional como una señal de confianza, otros advierten sobre los riesgos de compromisos ocultos y el impacto a largo plazo en la soberanía y la economía argentina. El desenlace de la discusión parlamentaria será clave para definir el futuro del acuerdo y su legitimidad institucional.