La Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado avanzó este martes en la reforma de la ley que regula los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU), en un intento por limitar el margen de acción del Poder Ejecutivo y establecer plazos estrictos para la aprobación de estos instrumentos. El dictamen emitido por la comisión insiste en la versión original del proyecto, que exige que los DNU sean aprobados por mayoría absoluta en ambas cámaras en un plazo de 90 días, de lo contrario, perderían vigencia.

La sesión estuvo marcada por la sorpresiva postura del kirchnerismo, que decidió firmar el dictamen en disidencia. La senadora Florencia López, del Frente de Todos, argumentó que insistir con el texto original sin considerar la versión modificada por Diputados podría llevar a una ley que "dure poco", anticipando un posible veto presidencial. López sugirió que sería más conveniente negociar con la Cámara Baja para asegurar la sanción y promulgación de la ley, evitando así un enfrentamiento directo con el presidente Javier Milei.

El jefe de bloque de la UCR, Eduardo Vischi, defendió la necesidad de establecer un plazo de 90 días y la aprobación en ambas cámaras, señalando que la actual ley permite la convalidación tácita de los DNU por omisión del Congreso. La presidenta de la comisión, Alejandra Vigo, respaldó la postura de insistir con el texto original, mientras que otros sectores de la oposición manifestaron preocupación por la posibilidad de que el oficialismo fortalezca su posición tras la renovación parlamentaria prevista para diciembre.

El proyecto también incorpora la exigencia de que cada DNU trate un solo tema, evitando los denominados decretos "ómnibus" que han sido utilizados por distintas administraciones, incluido el reciente DNU 70/2023 de Milei. Además, establece que el rechazo de una sola cámara bastaría para invalidar un decreto, fortaleciendo así el control legislativo sobre el Ejecutivo.

La discusión sobre la reforma de la ley de DNU se da en un contexto de creciente tensión entre el Congreso y el Gobierno, con la oposición buscando limitar el uso de decretos y el oficialismo defendiendo su facultad de gobernar por esta vía. Se anticipa que, en caso de aprobarse la versión original del proyecto, el presidente Milei vetará la ley, lo que podría derivar en un conflicto institucional y una eventual judicialización del tema. La estrategia del kirchnerismo de firmar en disidencia apunta a evitar este escenario y asegurar la efectividad de la reforma.