El reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que sobreseyó al exsacerdote Justo José Ilarraz por prescripción de la acción penal, ha reavivado el debate sobre la necesidad de reformar la legislación argentina en materia de delitos sexuales contra menores. Ilarraz, quien había sido condenado a 25 años de prisión por abusar de seminaristas en Paraná entre 1985 y 1993, fue liberado luego de que el máximo tribunal considerara que los hechos denunciados excedían los plazos legales para ser juzgados.

La decisión de la Corte, firmada por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, se basó en el principio de irretroactividad de la ley penal más gravosa, argumentando que las normas que establecen la imprescriptibilidad de estos delitos no pueden aplicarse a hechos ocurridos antes de su sanción. Esta postura generó un fuerte rechazo en la sociedad y entre las víctimas, quienes manifestaron su dolor e impotencia ante lo que consideran una falta de empatía y justicia.

En respuesta, el Congreso aceleró el tratamiento de proyectos para eliminar la prescripción en delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes. La diputada Gabriela Brouwer de Koning (UCR) y otros legisladores impulsan una iniciativa que busca declarar imprescriptibles estos delitos y agravar las penas, priorizando siempre el interés superior del niño. El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, anunció que el Poder Ejecutivo enviará una propuesta similar en el nuevo Código Penal.

Las víctimas, que durante años lucharon por justicia, relatan las secuelas profundas que dejó el abuso y critican la falta de respuestas institucionales. "La prescripción no puede seguir siendo una barrera. No en estos casos. No cuando hablamos de una de las violaciones más graves a los derechos humanos", afirmó Brouwer de Koning. El caso Ilarraz, revelado en 2012, también motivó la expulsión del exsacerdote del estado clerical por parte del Papa Francisco en 2024.

El debate actual refleja una demanda social creciente por la protección de los derechos de la infancia y la sanción efectiva a los abusadores. Organizaciones civiles y organismos internacionales respaldan la imprescriptibilidad, señalando el daño duradero que provoca el abuso sexual infantil. El Congreso deberá ahora decidir si avanza con la reforma, en un contexto de fuerte presión social y política.