El asesinato de Agustín De la Encina Cappelletti dentro de la Unidad Penitenciaria N.º 11 de Piñero, en Rosario, ha puesto en evidencia la gravedad de la violencia y la complicidad en el sistema carcelario santafesino. El crimen, ocurrido el 13 de enero de 2025, fue planificado y ejecutado por al menos nueve internos, con la colaboración de tres agentes penitenciarios, según la investigación judicial.

De la Encina, de 26 años, estaba vinculado a la banda narco liderada por Esteban Alvarado y su hermana Yanina, y había sido trasladado recientemente al pabellón 6, donde se concentran internos relacionados con organizaciones criminales rivales. Según la fiscal Paula Barros, el ataque se produjo tras el horario de visitas, cuando el pabellón ya estaba despejado. Jorge González, delegado del sector, habría dado la orden de ejecutar el plan criminal, que consistió en interceptar a la víctima, golpearla y apuñalarla, impidiéndole refugiarse en la jaula de seguridad.

La investigación determinó que los agentes penitenciarios facilitaron el acceso de los atacantes a la celda de seguridad, permitiendo que más internos participaran en la agresión. "La mafia no se traiciona. Agradecé que te vas vivo y no te vamos a matar", le habrían dicho los agresores antes de continuar con el ataque. De la Encina fue trasladado al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez, donde falleció ese mismo día a causa de las heridas.

El juez Fernando Sosa dispuso la prisión preventiva efectiva para los nueve internos y los tres agentes penitenciarios imputados, además de imponer restricciones en las comunicaciones para evitar represalias o filtraciones. La fiscalía investiga si hubo un pago millonario para facilitar el crimen y la posible participación de otros internos aún no identificados.

Este caso ha generado alarma en la sociedad y entre las autoridades, al exponer la vulnerabilidad del sistema penitenciario frente a la infiltración de organizaciones criminales y la corrupción interna. La investigación continúa para determinar el grado de responsabilidad de cada uno de los involucrados y prevenir nuevos episodios de violencia en las cárceles de la región.