La empresa Suizo Argentina SA, una de las principales droguerías del país, se encuentra en el centro de una investigación judicial por presuntos sobornos y direccionamiento de contratos estatales. El caso se desató tras la filtración de audios atribuidos al exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, en los que se mencionan supuestos pagos irregulares y vínculos con funcionarios de alto nivel, incluyendo referencias a Karina Milei.

En el último año, Suizo Argentina SA multiplicó exponencialmente sus negocios con el Estado, pasando de contratos por $3.900 millones en 2024 a más de $108.000 millones en 2025, según datos oficiales publicados en Compr.Ar. El Ministerio de Salud adjudicó a la empresa una contratación integral por $78.267 millones para la distribución y almacenamiento de medicamentos y vacunas, mientras que el Ministerio de Seguridad, bajo la conducción de Patricia Bullrich, realizó compras por más de $8.300 millones en insumos médicos y medicamentos de alto costo.

La Justicia, encabezada por el juez federal Sebastián Casanello, ordenó allanamientos en las sedes y domicilios de la empresa y sus directivos, secuestrando documentación, dispositivos electrónicos y sobres con dólares y anotaciones sospechosas. El fiscal Franco Picardi investiga posibles sobreprecios, licitaciones amañadas y la existencia de un circuito de pagos irregulares vinculados a las contrataciones públicas. Entre los elementos bajo análisis se encuentran los libros societarios, balances y registros de pagos realizados por organismos estatales a la droguería.

El Ministerio de Salud justificó la concentración de contratos en una sola licitación como una estrategia de ahorro, argumentando que permitió reducir costos y mejorar la eficiencia en la gestión de medicamentos y productos sanitarios. Sin embargo, la Sindicatura General de la Nación (Sigen) señaló que los servicios contratados no son estandarizados ni de uso común, por lo que quedan excluidos del control de precios testigo.

La empresa, por su parte, sostiene una política de "tolerancia cero" ante la corrupción, según su código de ética, y niega cualquier irregularidad en sus operaciones. El caso ha generado un fuerte impacto político y mediático, con exigencias de transparencia y esclarecimiento por parte de la Justicia y la opinión pública. El desenlace de la investigación podría tener implicaciones significativas para la gestión de fondos públicos y el rol de grandes proveedores en el sistema de salud y seguridad nacional.