Una investigación judicial de gran escala permitió desarticular una organización criminal dedicada al contrabando internacional de metales ferrosos y al lavado de dinero mediante criptomonedas. El operativo, coordinado por la Fiscalía en lo Criminal y Correccional Federal N°2 de San Isidro y el Departamento Federal de Investigaciones de la Policía Federal Argentina (PFA), incluyó allanamientos simultáneos en 12 localidades del país, con epicentro en San Martín de los Andes.

Según fuentes oficiales, la red estaba integrada por empresarios argentinos y una ciudadana china, quienes exportaban toneladas de cobre y bronce a través de Paraguay y Bolivia, con destino final en Europa, Estados Unidos y China. El dinero obtenido de manera ilegal era lavado mediante operaciones con criptomonedas y financieras internacionales, lo que permitió a los implicados mover grandes sumas fuera del sistema financiero tradicional.

Durante los procedimientos, que se realizaron en tres etapas, se incautaron más de 4,4 millones de dólares, 473 millones de pesos, 44.090 USDT, vehículos de alta gama, armas, computadoras y documentación relevante. Nueve personas fueron detenidas, entre ellas un empresario que, según los registros de la Unidad Analítica Digital de la PFA, realizó 425 operaciones con criptoactivos por más de 21 millones de USDT entre 2021 y 2025. En uno de los allanamientos, se hallaron 4 millones de dólares en efectivo y se registraron intentos de soborno a los agentes intervinientes.

La causa se desprende de la denominada "Operación Comando Crypto", iniciada en 2023, que ya había revelado una red de lavado de dinero con vínculos en Brasil. El contrabando incluía robos de objetos urbanos y rurales, incluso en cementerios, y la complicidad de funcionarios públicos y agentes de seguridad, quienes están bajo investigación por recibir sobornos y facilitar las maniobras delictivas.

Fuentes judiciales destacaron la magnitud y sofisticación de la estructura criminal, mientras la PFA continúa analizando la documentación secuestrada y no descarta nuevas detenciones. Los investigadores subrayan el impacto económico negativo para el país y la necesidad de fortalecer los controles para evitar maniobras similares en el futuro.