El Gobierno Nacional oficializó la baja de dos obras sociales del Registro Nacional de Agentes del Seguro (RNAS) tras constatar que ambas entidades, declaradas en crisis desde 2022, no lograron subsanar las irregularidades financieras y operativas detectadas. Las resoluciones 1092/2025 y 1093/2025, publicadas en el Boletín Oficial y firmadas por la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), afectan a la Obra Social del Personal Municipal de Avellaneda y a la Obra Social del Personal del Azúcar del Ingenio San Martín.

Según informaron fuentes oficiales, durante los últimos dos años la SSS realizó observaciones y solicitó documentación a ambas entidades, que no fue presentada en tiempo y forma. "No hay lugar para quienes tengan irregularidades o no ofrezcan servicios de calidad. Quienes no cumplan con las normas serán dados de baja", señalaron desde la SSS. El titular del organismo, Gabriel Oriolo, explicó que el objetivo es "velar por la sustentabilidad de los agentes y promover una competencia transparente, de modo que los beneficiarios tengan libertad para elegir la cobertura que prefieran".

La medida garantiza que los beneficiarios mantendrán la cobertura de salud, ya sea eligiendo otra obra social o, en caso de no hacerlo, mediante la asignación automática de una entidad de similares características por parte de la Superintendencia. Los Consejos Directivos de las obras sociales dadas de baja actuarán como comisiones liquidadoras y supervisarán el proceso administrativo correspondiente.

Con estas dos bajas, ya suman cinco las obras sociales excluidas del registro nacional en la última semana, en el marco de un proceso de auditoría y control más estricto impulsado por el Gobierno. El sistema de obras sociales en Argentina cuenta con cerca de 300 agentes, que serán evaluados con mayor rigor tanto en aspectos contables como en la calidad de las prestaciones.

El reordenamiento del sistema de salud incluye también la revisión de subsidios y la eliminación de entidades consideradas "sellos de goma", que solo se inscribían para obtener fondos públicos sin brindar servicios efectivos. Desde el oficialismo, se sostiene que estas medidas buscan fortalecer la transparencia y la eficiencia del sistema, mientras que algunos gremios admiten que el impacto recae principalmente sobre organizaciones con escaso control y baja cantidad de afiliados. El proceso de saneamiento continuará con nuevas auditorías y eventuales bajas de otras entidades que no cumplan con los requisitos legales y administrativos.