El conflicto entre los empleados judiciales de Córdoba y el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) ha alcanzado un nuevo punto crítico con el inicio de un paro de 38 horas este lunes 5 de mayo de 2025. La medida, que incluye la suspensión de actividades en los tribunales provinciales, forma parte de un plan de lucha que busca visibilizar las demandas salariales y laborales del sector.

El gremio de empleados judiciales reclama una equiparación salarial con la justicia federal, argumentando que los aumentos otorgados por el TSJ son insuficientes para cubrir la canasta básica. Según Adrián Balán, representante sindical, "los ingresantes necesitan dos sueldos para ser pobres", en referencia a los salarios actuales que oscilan entre 700 y 850 mil pesos, mientras que la línea de pobreza para una familia de cuatro personas supera el millón y medio de pesos.

El Tribunal Superior de Justicia, por su parte, ha implementado una reestructuración del escalafón que promete un aumento promedio del 12% para los empleados, pero ha descartado abrir una mesa de paritarias. Además, el TSJ ha prohibido las asambleas en los lugares de trabajo y ha exigido el cumplimiento de guardias mínimas, medidas que el gremio considera "represivas" y contrarias a la libertad sindical.

El paro ha generado críticas de diversos sectores, incluyendo al Colegio de Abogados de Córdoba, que instó a las partes a dialogar para garantizar el acceso a la justicia. "Resulta imprescindible resguardar los derechos de los justiciables y garantizar el ejercicio profesional de los matriculados", expresó la institución en un comunicado.

El plan de lucha también contempla una movilización hacia la sede de Apross el jueves 8 de mayo, en conjunto con otros gremios estatales, para denunciar el mal funcionamiento de la obra social y los descuentos aplicados por el Gobierno de Córdoba para financiarla. El viernes 9 de mayo, el gremio se reunirá nuevamente en asamblea para definir los próximos pasos.

El conflicto, que tiene raíces en una deuda histórica de equiparación salarial entre empleados judiciales provinciales y federales, se ha intensificado en un contexto de alta inflación y pérdida del poder adquisitivo. Mientras tanto, el servicio de justicia en Córdoba se encuentra paralizado, afectando tanto a la ciudadanía como a los profesionales del derecho.

Las expectativas de una pronta resolución son inciertas. Aunque el gremio ha mantenido contacto con algunos vocales del TSJ, la falta de apertura al diálogo por parte del Tribunal complica la situación. "Esperamos que no se extienda, pero el TSJ tiene las puertas cerradas al diálogo", afirmó Balán, quien advirtió que las protestas continuarán hasta lograr una solución satisfactoria.