La situación judicial de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner volvió a ocupar un lugar central en la agenda política argentina tras la decisión del juez Jorge Gorini de imponer nuevas restricciones a su prisión domiciliaria y ordenar el decomiso de bienes pertenecientes a ella y a sus hijos, Florencia y Máximo Kirchner. La medida, que se fundamenta en supuestas irregularidades durante reuniones autorizadas en el domicilio de CFK, ha sido duramente cuestionada por la defensa, que sostiene que no se han presentado pruebas suficientes que justifiquen el decomiso y que la decisión carece de sustento legal específico.

En respuesta, los abogados de la ex presidenta y de sus hijos presentaron apelaciones, citando antecedentes judiciales recientes que rechazan decomisos de bienes cuando no se acredita su origen ilícito. Argumentan que el artículo 23 del Código Penal exige una relación directa entre los bienes y los delitos imputados, algo que, según la defensa, no se ha demostrado en este caso.

Cristina Fernández de Kirchner utilizó sus redes sociales para denunciar lo que considera una campaña mediática y política en su contra, señalando que el verdadero motivo de los ataques es su propuesta de un modelo económico alternativo al del actual gobierno de Javier Milei. En sus publicaciones, CFK vinculó la ofensiva judicial y mediática con el debate sobre el rumbo económico del país, destacando la necesidad de un modelo productivo y federal.

El caso se produce en un contexto de prolongada tensión entre el poder político y el judicial en Argentina, con antecedentes de decisiones controvertidas y acusaciones cruzadas de parcialidad. La situación ha reavivado el debate sobre la independencia judicial y el uso de causas penales como herramienta de disputa política.

Mientras tanto, sectores oficialistas y parte de los medios sostienen la importancia de avanzar en las investigaciones judiciales, argumentando la necesidad de transparencia y rendición de cuentas. El desenlace de las apelaciones presentadas por la defensa de CFK podría tener implicancias significativas para el futuro político y judicial del país, en un escenario marcado por la polarización y la incertidumbre económica.