El Fondo Monetario Internacional aprobó recientemente un nuevo desembolso de USD 2.100 millones para la Argentina, sumando más de USD 12.000 millones recibidos en abril. El organismo internacional destacó el cumplimiento del superávit fiscal primario por parte del gobierno argentino y la ausencia de asistencia monetaria directa del Banco Central, aunque omitió mencionar una transferencia de utilidades por casi $12 billones realizada en abril, lo que ha generado inquietud entre analistas y economistas locales.

Según el informe técnico del FMI, el desempeño del programa argentino fue considerado "positivo en general", aunque algunos expertos señalan que la omisión de la transferencia de utilidades tiene un impacto monetario similar al de una emisión directa. "Esa transferencia por casi $12 billones fue clave para que el Tesoro pudiera cumplir con vencimientos en semanas de fuerte tensión financiera", señaló el Grupo Moneda Desarrollo y Equidad, agregando que sin ese auxilio la gestión de la liquidez se hubiera complicado seriamente.

El acuerdo con el FMI exige al gobierno argentino avanzar en reformas estructurales, incluyendo privatizaciones de empresas públicas, eliminación de fondos fiduciarios, desregulación de mercados y la implementación de reformas tributaria y previsional. Muchas de estas medidas están previstas para ser anunciadas tras las elecciones de octubre, dependiendo del resultado electoral y el consenso político alcanzado.

En materia de reservas internacionales, el FMI recalibró los objetivos, permitiendo mayor flexibilidad en el corto plazo y reduciendo la presión sobre el gobierno durante 2025. Sin embargo, los niveles requeridos para 2027 se mantienen sin cambios, lo que implica la necesidad de acelerar el ingreso de dólares en los próximos años. El organismo también modificó la periodicidad de las revisiones del programa, que pasarán de ser trimestrales a semestrales, facilitando la gestión política en el contexto electoral.

El gobierno, por su parte, ha priorizado la estabilidad cambiaria y la desinflación, implementando medidas que afectan principalmente a los sectores más vulnerables. El memorándum presentado ante el FMI por el ministro de Economía, Luis Caputo, y el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, destaca que el objetivo de déficit fiscal cero sigue siendo la "ancla política inamovible" y que se vetarán iniciativas de gasto que no cuenten con financiamiento.

Las reacciones de los distintos actores han sido diversas. Mientras el FMI y el gobierno insisten en la necesidad de reformas para garantizar la sostenibilidad fiscal y el acceso a los mercados internacionales, sectores críticos advierten sobre el riesgo de mayor desigualdad y deterioro social si se profundizan los ajustes y recortes. El futuro del programa y su impacto en la economía argentina dependerán en gran medida del resultado de las próximas elecciones y de la capacidad del gobierno para implementar las reformas propuestas.