La reciente decisión del Gobierno argentino de suspender la actualización metodológica del Índice de Precios al Consumidor (IPC) ha generado una fuerte controversia en el ámbito económico y político. La medida, que implicaba mantener la metodología basada en la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares de 2004-2005 en lugar de adoptar la más reciente de 2017-2018, provocó la renuncia del titular del INDEC, Marco Lavagna, y desató un debate sobre la credibilidad de las estadísticas oficiales.

El IPC es un indicador central para la economía argentina, ya que determina la inflación oficial, influye en la negociación de salarios, la medición de la pobreza y el ajuste de contratos indexados. La actualización metodológica, anunciada previamente por el INDEC y recomendada por organismos internacionales, buscaba reflejar de manera más precisa los hábitos de consumo actuales de los hogares argentinos. Sin embargo, el Gobierno argumentó que las diferencias entre ambas metodologías eran "mínimas" y que un cambio en este momento podría alimentar sospechas de manipulación.

La reacción no se hizo esperar. Sindicatos como la CGT y la ATE, junto a consultoras privadas y universidades, anunciaron la creación de índices alternativos para medir la inflación y negociar paritarias. "Estamos construyendo acuerdos con distintas universidades para tener nuestro índice de inflación propio", afirmó Cristian Jerónimo, dirigente de la CGT. Por su parte, el economista Mario Sosa destacó que la canasta actual incluye ítems en desuso y excluye consumos modernos, lo que genera un desfasaje con la realidad.

El dato oficial de inflación de enero, que alcanzó el 2,9%, fue el más alto en nueve meses, con un fuerte incremento en alimentos y servicios. Consultoras como JP Morgan estiman que, de haberse aplicado la nueva metodología, la inflación anual sería hasta 1,5 puntos porcentuales más alta. Además, la suspensión del cambio metodológico podría subestimar la pérdida del poder adquisitivo y la pobreza, según diversos analistas.

La crisis también impactó en la percepción pública. Encuestas recientes muestran que la mayoría de los argentinos desconfía de la veracidad de los datos oficiales y que la imagen del Gobierno se ha visto afectada negativamente en redes sociales y medios digitales. Analistas advierten que la falta de actualización del IPC puede dañar la reputación del INDEC y la confianza en los indicadores económicos clave.

En este contexto, el debate sobre la autonomía y la transparencia de las estadísticas públicas sigue abierto. Mientras el Gobierno sostiene que la decisión responde a criterios técnicos, sindicatos y expertos reclaman mayor independencia y actualización en la medición de la inflación, en un país donde la credibilidad de los datos oficiales ha sido históricamente motivo de controversia.