Una protesta policial de gran magnitud sacudió a la provincia de Santa Fe durante la última semana, poniendo a prueba la capacidad de gestión del gobernador Maximiliano Pullaro. El conflicto, originado por reclamos salariales y condiciones laborales precarias, involucró a centenares de agentes, principalmente jóvenes y de menor jerarquía, quienes se manifestaron públicamente en Rosario y otras localidades.

El detonante fue la persistente precariedad económica de los efectivos, con sueldos que, en muchos casos, no superaban los 900 mil pesos mensuales, ubicándolos por debajo de la línea de pobreza. La protesta, que incluyó manifestaciones frente a la Jefatura de Policía y la difusión de testimonios en medios nacionales, generó preocupación por un posible efecto contagio en otras provincias y tensiones políticas a nivel nacional.

En respuesta, el gobernador Pullaro anunció un aumento salarial de hasta el 50%, garantizando que ningún policía ni agente penitenciario percibirá menos de 1.350.000 pesos. "Este aumento es en reconocimiento a la dedicación, al esfuerzo y, sobre todo, a los resultados que estamos logrando con nuestro plan de seguridad", afirmó Pullaro en conferencia de prensa. La medida permitió desactivar la protesta en 48 horas, aunque no sin costos: 20 efectivos fueron sancionados y 11 imputados penalmente, aunque se prometió su reincorporación si regresaban al servicio.

El conflicto también puso en evidencia la falta de representación sindical en la fuerza policial, abriendo el debate sobre la posibilidad de sindicalización para canalizar futuros reclamos. Además, la protesta se vio influida por antecedentes recientes, como el escándalo de fraude con combustible que derivó en la purga de mandos medios en 2025, y por la crisis económica que afecta a trabajadores estatales en todo el país.

En el plano político, la diputada Romina Diez (La Libertad Avanza) criticó duramente la gestión de Pullaro, mientras que el peronismo optó por el silencio. El gobierno nacional brindó apoyo al gobernador, temiendo que la protesta se replicara en otras fuerzas de seguridad. Si bien el servicio policial no se resintió gravemente, el episodio dejó al descubierto tensiones internas y la necesidad de reconstruir la relación entre el gobierno y la fuerza.

De cara al futuro, el gobierno provincial enfrenta el desafío de consolidar la recomposición salarial y mejorar las condiciones laborales, en un contexto de crisis económica y demandas crecientes. El desenlace de la protesta será un tema central en el discurso de apertura de sesiones legislativas, donde Pullaro buscará reafirmar su liderazgo y la continuidad de su política de seguridad.