La Justicia de Salta autorizó la salida del país y el cambio de residencia definitiva a Japón de una joven japonesa de 23 años y su bebé de cuatro meses, tras denunciar a su ex pareja por violencia de género, trata de personas y abuso. El fallo, firmado por el Juzgado de Personas y Familia de 4ª Nominación, priorizó el interés superior del menor y la seguridad de la denunciante, quien se encontraba en una situación de extrema vulnerabilidad.

Según consta en el expediente judicial, la joven llegó embarazada a Salta, instada por su pareja, quien la convenció de dar a luz en Argentina y recibir asistencia sanitaria gratuita. Sin dominio del idioma ni red de contención, la víctima dependía casi exclusivamente de su ex pareja. Los informes del Polo Integral de la Mujer calificaron el caso como de "riesgo grave", documentando episodios de apropiación de dinero, control compulsivo, amenazas, agresiones, abusos sexuales y violencia en presencia del niño recién nacido.

El momento más crítico se registró en diciembre de 2023, cuando el acusado fue detenido tras una agresión en el domicilio que compartían. La magistrada sostuvo que las medidas previas no habían evitado la violencia y que la permanencia en Salta era inviable por la ausencia de red social, la barrera idiomática y la continuidad de los hechos de violencia.

El Consulado japonés exigió una autorización judicial formal para habilitar la salida del país y el cambio de residencia del menor. El fallo contó con dictamen favorable del Asesor de Incapaces y organismos locales de protección de la mujer, quienes coincidieron en que la decisión garantizaba un entorno seguro y estable para el bebé.

Actualmente, madre e hijo esperan en un domicilio neutral el envío de fondos desde Japón para concretar el viaje. El abuelo materno afrontará el costo de los pasajes internacionales, mientras las autoridades ya tramitaron el DNI y pasaporte del niño. La resolución judicial impuso las costas del proceso al acusado, quien permanece detenido e imputado por violencia de género, delitos económicos y trata de personas.

Para la joven madre, la decisión representa la posibilidad concreta de cerrar un ciclo de violencia y comenzar una nueva etapa lejos del temor y la desprotección. El caso puso en relieve la importancia de la intervención judicial y de organismos de protección en situaciones de vulnerabilidad extrema, y podría sentar precedentes para futuros casos similares.