La Cámara Federal de San Martín ordenó la excarcelación de Alesia Abaigar, funcionaria del Ministerio de Mujeres de la provincia de Buenos Aires, quien había sido detenida por su presunta participación en el ataque con estiércol a la casa del diputado nacional José Luis Espert. Abaigar recuperó la libertad tras 12 días de detención, luego de que el tribunal considerara que no existía riesgo de fuga ni de entorpecimiento de la investigación, y que la acusada colaboró con la entrega de sus dispositivos electrónicos.

El hecho ocurrió el 17 de junio en la localidad de Beccar, cuando un grupo de personas arrojó estiércol y colgó un pasacalle con mensajes ofensivos frente al domicilio de Espert. La investigación judicial, a cargo de la jueza Sandra Arroyo Salgado, identificó a varios implicados, entre ellos Eva Mieri, concejala de Quilmes y militante de La Cámpora, quien permanece detenida en la Unidad VII de Ezeiza. La magistrada fundamentó la prisión preventiva de Mieri en su presunto rol organizador y en el posible entorpecimiento de la causa, tras detectarse el borrado de datos en su teléfono celular.

Chats y audios extraídos de los celulares de los imputados revelaron la coordinación del ataque desde una unidad básica de La Cámpora en Vicente López, con la participación de vehículos oficiales y militantes. Otros acusados, como Aldana Muzzio e Iván Díaz Bianchi, fueron liberados bajo fianza y restricciones de acercamiento al diputado Espert.

El caso generó manifestaciones frente al penal de Ezeiza, donde dirigentes políticos, sociales y de derechos humanos reclamaron la liberación de Mieri y denunciaron una presunta persecución política. La investigación continúa bajo secreto de sumario, con diligencias pendientes y sospechas sobre la posible participación de otros funcionarios y militantes.

El episodio se produce en un contexto de alta polarización política, con acusaciones cruzadas entre oficialismo y oposición sobre el uso del sistema judicial y la criminalización de la protesta. El desenlace del caso podría tener implicancias en el debate sobre la prisión preventiva y el rol de los funcionarios públicos en hechos de violencia política.