La provincia de Santa Cruz se encuentra en el centro de una investigación judicial por la compra de medicamentos a la droguería Suizo Argentina, empresa señalada por presuntos sobornos y contratos irregulares con organismos estatales. Según registros oficiales y reportes periodísticos, desde octubre de 2024 la provincia emitió más de 300 facturas a la firma por un total superior a los 14.000 millones de pesos, aunque otras fuentes elevan la cifra total de pagos a más de 46.000 millones en lo que va de la gestión del gobernador Claudio Vidal.

El volumen de compras ha llamado la atención de la justicia federal, ya que no guarda relación con la cantidad de afiliados a la Caja de Servicios Sociales ni con las necesidades del sistema hospitalario provincial. En comparación, durante el último año de la gestión anterior, encabezada por Alicia Kirchner, los pagos por medicamentos fueron de 6.000 millones de pesos, mientras que en el primer año de Vidal la cifra se triplicó. Además, Santa Cruz pagó a Suizo Argentina el 41% de lo que abonó la provincia de Buenos Aires, a pesar de tener una población mucho menor y solo 14 hospitales bajo su órbita.

La investigación, a cargo de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas y la justicia federal, busca determinar si existió un circuito de sobornos y direccionamiento de contratos, tanto en Santa Cruz como en otras provincias. El caso se enmarca en una serie de denuncias por corrupción en la compra de medicamentos a nivel nacional, que también involucran a la Agencia Nacional de Discapacidad y a la provincia de Buenos Aires.

Fuentes oficiales de Santa Cruz sostienen que Suizo Argentina es solo uno de los proveedores y que las compras se realizan al menor precio disponible, bajo un sistema que incluye auditoría médica previa. Sin embargo, la magnitud de las operaciones y la remoción de un auditor que denunció irregularidades han generado sospechas sobre la transparencia del proceso.

El escándalo ha puesto en cuestión la gestión de los fondos públicos y la transparencia en el sistema de salud provincial, mientras la justicia avanza en el análisis de los contratos y la posible existencia de un mecanismo ilícito replicado en otras jurisdicciones. El desenlace de la investigación podría tener implicancias para otras provincias y para el sistema de compras estatales en general.