El Gobierno de Mendoza y la Municipalidad de Guaymallén concretaron el cierre definitivo del basural a cielo abierto de Puente de Hierro, el más grande de la provincia, tras más de tres décadas de funcionamiento. El predio, de 50 hectáreas y con un volumen de 35.000 toneladas mensuales de residuos, representaba un grave foco de contaminación y riesgo sanitario para más de 15 barrios del noreste de Guaymallén.

El intendente Marcos Calvente oficializó la decisión, destacando que el cierre es parte de un plan integral que contempla el traslado del 100% de los residuos domiciliarios al relleno sanitario El Borbollón, el único habilitado en el área metropolitana. "Vamos a cumplir con la ley de manera tajante y absoluta", aseguró Calvente, quien también remarcó la asistencia a las cerca de 30 familias que trabajaban en el predio en condiciones precarias. Estas familias recibirán apoyo económico, acompañamiento médico y psicológico, y serán incorporadas al programa de reciclaje inclusivo del municipio.

En paralelo, el Ejecutivo provincial envió a la Legislatura un proyecto de ley para la gestión integral de residuos sólidos urbanos (GIRSU), que busca modernizar y ordenar el sistema en toda la provincia. La iniciativa, resultado de un año de trabajo con los 18 municipios, propone la regionalización de la gestión, la trazabilidad digital de los residuos y un régimen de sanciones que incluye multas de hasta $420 millones, clausuras y decomiso de vehículos para quienes incumplan la normativa.

La ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre, subrayó que la gestión de residuos es una inversión en salud pública, desarrollo productivo y competitividad. "Disponer y poder certificar el 100% de los residuos es un hito. No solo hablamos de residuos sólidos urbanos, también del material estéril. Esto es una decisión histórica", afirmó.

El plan de remediación ambiental del predio de Puente de Hierro comenzará en los próximos días y demandará entre seis y ocho meses. El objetivo es sanear el sitio y reconvertirlo en un espacio seguro, reduciendo el impacto ambiental y social. Además, la ley promueve la inclusión social de los recuperadores urbanos, la creación de centros de economía circular y la educación ambiental.

El cierre del basural y la nueva legislación marcan un cambio de paradigma en la gestión de residuos en Mendoza, con impacto ambiental, sanitario, económico y social. Las autoridades esperan que este modelo sirva de ejemplo para otros municipios y fortalezca la economía circular en la provincia.