El proyecto de ley que propone un aumento del 7,2% en las jubilaciones y pensiones, junto con la elevación del bono mensual de $70.000 a $110.000, permanece estancado en el Senado argentino. Aunque la iniciativa ya cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados, el oficialismo ha optado por demorar su tratamiento en comisiones, en un contexto marcado por la proximidad de las elecciones legislativas y la presión de la oposición para avanzar rápidamente.

La propuesta, impulsada por bloques opositores y respaldada por sectores dialoguistas, contempla además la actualización mensual del bono por inflación y la extensión de la moratoria previsional por dos años. El costo fiscal de la medida oscila entre 0,22% y 0,7% del PBI, según estimaciones de la Oficina de Presupuesto del Congreso y el Ministerio de Economía. Para financiar el incremento, el proyecto prevé la eliminación de exenciones impositivas y la reasignación de fondos estatales.

El presidente Javier Milei ha manifestado públicamente su rechazo a la iniciativa y anticipó que, de ser aprobada, ejercerá su facultad de veto. "La pregunta es, ¿con qué lo pago? Nos exterminan el equilibrio fiscal", declaró Milei, quien desafió a los legisladores a definir qué gasto público recortarían para solventar el aumento. Desde la oposición, en cambio, sostienen que la recomposición de haberes es urgente y que el financiamiento está contemplado en el texto legal.

En la Cámara de Diputados, la votación reflejó la fragmentación política: 142 votos a favor, 67 en contra y 19 abstenciones, lejos de los dos tercios necesarios para insistir en caso de veto presidencial. En el Senado, la oposición busca sumar apoyos para alcanzar ese umbral, mientras el oficialismo apuesta a dilatar el debate y aprovechar el receso parlamentario y la dispersión por la campaña electoral.

El trasfondo de la discusión es la pérdida de poder adquisitivo de los jubilados en los últimos años, agravada por la inflación y los cambios en la fórmula de movilidad. El desenlace del debate permanece incierto, con un Congreso polarizado y un Gobierno decidido a sostener el ajuste fiscal como prioridad. El resultado final dependerá de la capacidad de negociación de los bloques y del clima político en la antesala de las elecciones.