La Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) del gobierno de Javier Milei enfrenta una grave denuncia por presunto espionaje ilegal a dirigentes políticos opositores, sindicatos y grupos sociales. La filtración de un informe interno, titulado "Hechos previstos 09JUL25", ha desatado una ola de reacciones en el ámbito político y judicial, con la oposición exigiendo explicaciones y sanciones, y el oficialismo minimizando la gravedad de los hechos.

El informe, revelado por el periodista Hugo Alconada Mon, detalla actividades públicas y privadas de referentes opositores, como Axel Kicillof, Sergio Massa, Máximo Kirchner y Facundo Manes, así como protestas de jubilados y sindicatos. Según la denuncia, la SIDE habría monitoreado reuniones y movilizaciones, en aparente violación de la Ley de Inteligencia Nacional, que prohíbe la obtención de información por motivos políticos o de pertenencia a organizaciones sociales.

Facundo Manes, uno de los dirigentes mencionados en el informe, presentó una denuncia penal ante los tribunales federales, sumándose a otras causas abiertas contra funcionarios del gobierno, como el asesor presidencial Santiago Caputo. Organismos de derechos humanos, como el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), calificaron el espionaje como ilegal y antidemocrático, y solicitaron la intervención de la justicia.

La Comisión Bicameral de Control de los Organismos de Inteligencia, presidida por el senador Martín Lousteau, ha convocado una reunión urgente para analizar el caso y evaluar la posible interpelación del jefe de la SIDE, Sergio Neiffert. El Congreso también prepara la revisión del Plan de Inteligencia Nacional, que ha sido criticado por habilitar la vigilancia de voces críticas y opositoras.

Desde el gobierno, no se ha confirmado oficialmente la existencia de los informes, y fuentes oficiales sugieren que podrían haber sido elaborados por "electrones sueltos" dentro del organismo. Sin embargo, la filtración ha generado inquietud tanto en el oficialismo como en la oposición, en un contexto de alta polarización política y crisis institucional.

El escándalo de espionaje político revive viejas tensiones en Argentina y plantea interrogantes sobre el uso de los organismos de inteligencia y el respeto a los derechos civiles. El desenlace judicial y político del caso podría tener implicancias de largo plazo para la administración Milei y el sistema democrático argentino.