Las universidades públicas argentinas enfrentan una crisis financiera sin precedentes, que ha llevado a rectores, gremios y federaciones estudiantiles a intensificar su reclamo por una Ley de Financiamiento Universitario. La situación se agravó luego de que el presidente Javier Milei vetara un proyecto de ley previamente aprobado por el Congreso y decidiera prorrogar el presupuesto de 2022, lo que resultó en una reducción significativa de los fondos asignados a la educación superior.

Según datos de los rectores, desde enero de 2024 las universidades nacionales reciben solo dos tercios de los recursos que percibían en diciembre del año anterior. Esta caída en el financiamiento ha provocado que más de 10.000 docentes abandonen sus cargos, con salarios iniciales que rondan los 150.000 pesos, ubicándose por debajo de la línea de pobreza. "La universidad está en crisis profunda. Este 2025 nos encuentra peor en términos reales", señalaron autoridades universitarias, quienes también destacaron la falta de convocatoria a paritarias salariales y la imposibilidad de cubrir los gastos básicos de funcionamiento.

El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que agrupa a los rectores de todas las universidades públicas, impulsa un nuevo proyecto de ley que busca elevar la inversión en educación superior del 1% al 1,5% del PBI para 2031. El lunes, ocho universidades cordobesas convocaron a los 21 legisladores nacionales por la provincia para solicitar su apoyo a la iniciativa. "Nos mandan dos tercios de lo que enviaban en 2024", se quejaron los rectores, quienes subrayaron que la brecha entre la inflación y los fondos asignados alcanza el 134%.

El debate político se intensifica: mientras algunos legisladores expresan su respaldo a la ley, otros, alineados con el oficialismo, priorizan el equilibrio fiscal. El presidente del bloque La Libertad Avanza, Gabriel Bornoroni, afirmó: "Si quieren romper el equilibrio fiscal y con eso retomar la inflación, conmigo no cuentan. Apoyo el camino marcado por el presidente Milei". Por su parte, representantes de la oposición y del sector universitario insisten en la urgencia de garantizar la sostenibilidad del sistema.

La crisis universitaria se enmarca en un contexto de movilizaciones y reclamos por la defensa de la educación pública, con el CIN y las federaciones estudiantiles liderando la visibilización del problema. El desenlace del debate parlamentario será clave para el futuro de la universidad pública argentina.