El reciente derrame petrolero en el pozo LO-x10, ubicado en Lomas de Olmedo, Salta, ha puesto en el centro de la escena la responsabilidad ambiental de las empresas que han operado en la zona durante las últimas décadas. El procurador general de la provincia, Pedro García Castiella, dictaminó que todas las compañías que fueron concesionarias del área Puesto Guardián deben responder solidariamente por los daños ambientales ocasionados, en línea con lo dispuesto por la Ley General del Ambiente y el Código Civil y Comercial de la Nación.

El caso, actualmente en trámite ante la Corte de Justicia, busca la contención, mitigación y recomposición del ambiente afectado. Las empresas involucradas, entre ellas YPF, President Petroleum, EPP Petróleo, Tripetrol Petroleum, Netherfield Corporation y Petrolera San José, enfrentan la posibilidad de ser obligadas a cubrir proporcionalmente los costos de las acciones necesarias para restaurar el entorno natural.

El conflicto se remonta a los años setenta, cuando comenzaron las primeras perforaciones en el área. A lo largo de los años, la explotación petrolera estuvo marcada por sucesivos cambios de concesionarios y la falta de sellado adecuado de los pozos, lo que generó pasivos ambientales acumulados. Entre 2006 y 2012, el pozo MdT-14 estuvo fuera de control, provocando graves daños en la flora, fauna y acuíferos locales.

En el caso del pozo LO-x10, las fugas han sido denunciadas por vecinos desde hace dos años, y recientemente se impusieron medidas cautelares a President Petroleum, como reforzar el perímetro de seguridad y contener los fluidos emanados. La empresa apeló, argumentando que no puede ser responsable de daños previos a su gestión, pero el procurador recordó que la ley establece la responsabilidad solidaria cuando no es posible individualizar la contribución de cada actor.

La comunidad local y periodistas de la región han manifestado su preocupación por la falta de controles y el abandono de los pozos, reclamando inspecciones más rigurosas y el cumplimiento de los planes de inversión prometidos por las empresas. El dictamen del procurador refuerza el principio de responsabilidad ambiental integral, subrayando que todas las concesionarias deben responder ante el Estado y la sociedad por los daños generados.

El desenlace de este proceso judicial podría sentar un precedente importante en materia de responsabilidad ambiental en la industria petrolera argentina, y la sociedad salteña espera que se logre una reparación efectiva del daño causado.