El Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires (UBA) rechazó este miércoles un proyecto que buscaba expresar apoyo institucional a la ex presidenta Cristina Kirchner, tras la confirmación de su condena a seis años de prisión por parte de la Corte Suprema de Justicia. La iniciativa, impulsada por representantes vinculados al kirchnerismo y a la agrupación La Cámpora, solo obtuvo el respaldo de los decanos de las facultades de Exactas, Sociales y Filosofía y Letras, además de sus autores. La votación resultó en 22 votos en contra y 6 a favor, reflejando una postura mayoritaria de no involucrar a la universidad en pronunciamientos sobre decisiones judiciales de alto impacto político.

En paralelo, la ciudad de Buenos Aires fue escenario de diversas protestas que confluyeron en la Plaza de Mayo. Las movilizaciones, que unieron reclamos de jubilados, trabajadores del Hospital Garrahan y agrupaciones políticas y sociales, tuvieron como eje común el repudio al fallo de la Corte Suprema y la defensa de la ex mandataria. El operativo de seguridad dispuesto por el Ministerio de Seguridad evitó incidentes graves, aunque se registraron momentos de tensión y forcejeos entre manifestantes y fuerzas policiales, especialmente durante el traslado de las columnas desde el Congreso hacia la Plaza de Mayo.

Durante la jornada, los trabajadores del Hospital Garrahan realizaron actividades de visibilización, como clases de reanimación cardiopulmonar, y recibieron el apoyo de legisladores y dirigentes políticos, quienes se comprometieron a impulsar la declaración de emergencia de la salud pediátrica. La protesta, animada por consignas en defensa de la salud pública y de la ex presidenta, reflejó la convergencia de demandas sociales y políticas en un contexto de creciente polarización.

La decisión del Consejo Superior de la UBA de rechazar el pronunciamiento institucional marcó una distancia respecto a las demandas de los sectores movilizados y reafirmó la autonomía universitaria. El episodio se inscribe en un clima de tensión política y social, con tomas estudiantiles y reclamos multisectoriales, y anticipa un escenario de debate sobre el rol de las instituciones frente a decisiones judiciales de alto impacto.