La Justicia Federal de La Plata inició este jueves la indagatoria de los principales responsables del caso de fentanilo contaminado, que provocó la muerte de 96 pacientes en hospitales de todo el país. El juez Ernesto Kreplak, tras una serie de allanamientos y detenciones coordinados por la Policía de Seguridad Aeroportuaria y Gendarmería Nacional, comenzó a tomar declaración a los directivos y técnicos de HLB Pharma y Laboratorios Ramallo, entre ellos varios miembros de la familia García Furfaro.

El expediente judicial, impulsado por la fiscal federal María Laura Roteta y el titular de la Procuraduría de Narcocriminalidad, Diego Iglesias, imputa a los detenidos delitos contra la salud pública, envenenamiento y adulteración de medicamentos, con penas que pueden alcanzar hasta 25 años de prisión. El Instituto Malbrán confirmó la coincidencia genética entre las bacterias halladas en los pacientes fallecidos y las ampollas de fentanilo incautadas en los laboratorios investigados.

El brote de infecciones intrahospitalarias fue detectado inicialmente en el Hospital Italiano de La Plata, lo que llevó a la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) a presentar la denuncia que dio origen a la causa. La investigación reveló graves falencias estructurales en los procesos de producción y control de calidad de los laboratorios, lo que permitió la distribución de lotes contaminados en todo el país.

En paralelo, el juez Kreplak ordenó investigar la posible omisión o connivencia de organismos estatales encargados de la fiscalización de medicamentos, revocando el rol de querellante al Ministerio de Salud de la Nación. El dictamen de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas analizó más de 270 expedientes para determinar la responsabilidad de los organismos reguladores.

Familiares de las víctimas recibieron con alivio las detenciones, aunque insisten en que la cadena de responsabilidades debe ser investigada a fondo. "Nadie nos va a devolver a nuestros familiares, pero sentimos que al fin se empezó a hacer justicia", expresó Vanessa, hija de una de las víctimas. Abogados querellantes y representantes de las familias consideran que el caso marca un precedente en la lucha por la transparencia y el control en el sistema de salud argentino.

La causa, que aún está en etapa de indagatorias, podría ampliarse a más imputados y delitos, mientras se espera que la Justicia defina la situación procesal de los acusados en los próximos días. El caso pone en evidencia la necesidad de fortalecer los mecanismos de control y prevención en la producción y distribución de medicamentos, así como la importancia de una respuesta judicial rápida y rigurosa ante tragedias sanitarias de esta magnitud.