El gobierno argentino, encabezado por Javier Milei, implementó el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 366/2025, que introduce profundas modificaciones a la ley de Migraciones. La nueva normativa restringe el acceso a derechos fundamentales para personas migrantes, como la residencia permanente, la ciudadanía, la salud y la educación superior. Entre los principales cambios, se exige a los extranjeros un seguro médico internacional para ingresar al país y se habilita el cobro de servicios de salud y educación a quienes no sean residentes permanentes.

El decreto también facilita la expulsión de migrantes y amplía los motivos para impedir el ingreso, incluso en casos sin condena judicial firme. Además, la residencia precaria se reduce de 180 a 90 días y ya no sirve como prueba de arraigo para obtener la ciudadanía. Los migrantes en situación irregular pierden el acceso a la educación terciaria y universitaria, así como a la salud pública gratuita, salvo en casos de emergencia.

La medida ha generado un fuerte rechazo entre organizaciones de migrantes y derechos humanos, que denuncian un retroceso en materia de derechos y un aumento de la estigmatización. "No somos un problema, somos una solución", afirmó Marlon Oliveira, referente de la comunidad brasilera en Rosario. Lina Luz Quispe, periodista peruana, advirtió: "No podemos permitir que el miedo guíe nuestras políticas" y anunció acciones legales y políticas para revertir el decreto.

A nivel regional, la senadora paraguaya Lilian Samaniego calificó la medida como "un atentado contra la integración regional" y criticó el impacto sobre la vida cotidiana en zonas fronterizas. El gobierno paraguayo, por su parte, adoptó una postura ambigua, evitando confrontaciones directas.

El gobierno argentino justifica la reforma argumentando que el 10% del presupuesto sanitario se destina a extranjeros y que es necesario ordenar el sistema migratorio. Sin embargo, datos oficiales muestran que los migrantes representan solo el 4,2% de la población. El debate continúa, mientras colectivos migrantes y organizaciones de derechos humanos preparan recursos legales y buscan apoyo legislativo para derogar el decreto.