Los tradicionales puestos de choripanes ubicados bajo el puente de la Costanera, en el límite entre Godoy Cruz y Guaymallén, atraviesan momentos de incertidumbre y tensión. Durante los días de partido en el estadio Feliciano Gambarte, la barra de Godoy Cruz ha desplazado a los vendedores, generando un conflicto que se agrava por la falta de control municipal y un vacío legal en la zona.

El puesto más emblemático, "Choris de Matilde", con 36 años de historia, es administrado por los hijos de su fundadora y suele recibir a familias, turistas y grupos de amigos los fines de semana. Sin embargo, el panorama cambia drásticamente cuando juega el Tomba. Según relataron los encargados a El Sol, "vinieron los hinchas a quedarse con la zona durante los días de partido y se ubican en nuestro lado del puente". Paulo, responsable de "Choris Rafa", explicó que "cuando juega Godoy Cruz no podemos trabajar porque se pone la barra y, además, por una disposición del operativo de seguridad. Estos hinchas dominan la zona una vez que finaliza el encuentro del equipo. Lo hacen solo durante ese día, el resto trabajamos con normalidad nosotros".

El conflicto se agrava porque el espacio no tiene una jurisdicción municipal clara. Al tratarse de un puente, está bajo la competencia de Vialidad provincial e Irrigación, por lo que las comunas de Godoy Cruz y Guaymallén no pueden otorgar habilitaciones comerciales ni realizar controles bromatológicos o de seguridad. Hernán Amat, director general de Relaciones con la Comunidad, indicó que durante los días de partido no se permite la instalación de los carritos de choripanes por requerimiento del operativo de seguridad: "No los dejamos instalarse ahí los días de partido. Si bien desde el Ministerio de Seguridad no controlamos eso en el día a día, lo hacemos cuando juega Godoy Cruz por cuestiones de cuidado".

Esta situación ha dejado a los comerciantes en una suerte de "tierra de nadie", sin certeza sobre el cumplimiento de estándares sanitarios y de seguridad. Mientras tanto, la comunidad local lamenta la interrupción de una tradición gastronómica y los vendedores expresan preocupación por la pérdida de ingresos y la inseguridad. El caso pone en evidencia la necesidad de una regulación clara para espacios públicos compartidos y el impacto de las barras en eventos deportivos, con implicaciones para la seguridad y la cultura local.